Brasilia.

Puede que los líderes empresariales brasileños tengan diferencias ideológicas con la presidenta izquierdista Dilma Rousseff, pero los llamados a que sea sometida a un juicio político los ponen nerviosos, lo que de hecho ofrece a la mandataria un apoyo efectivo de un sector inesperado.

A esta comunidad le preocupa que una salida traumática convierta un periodo de incertidumbre política en una recesión que según los expertos podría traducirse en una contracción de la economía de 2 por ciento este año.

Este respaldo tácito de los grandes negocios y un acuerdo tentativo con un agitado Senado ayudan a Rousseff a sobrevivir la crisis, siete meses después del inicio de su segundo mandato de cuatro años.

Un juicio político es un asunto traumático que afecta a los sectores políticos y empresariales en un momento en que Brasil lucha por recuperar su credibilidad en el extranjero, afirmó Alencar Burti, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Sao Paulo. Necesitamos hallar una solución por encima de los intereses personales, agregó.

Aunque algunos empresarios dijeron a los legisladores que un juicio político ayudaría a Brasil a recuperar su credibilidad, la mayoría teme a la incertidumbre.

Este mes, los mayores grupos industriales y la corporación mediática más poderosa, Globo Comunicaçao e Participaçoes, pidieron un acuerdo para asegurar la estabilidad.

No obstante, aunque no quieren que sea sometida a juicio político, muchos inversionistas esperan que Rousseff abandone su intervencionismo económico.

Con la presión del Congreso, Rousseff abrazó la semana pasada una agenda amistosa con los mercados propuesta por el presidente del Senado, Renan Calheiros. Además, organiza una reunión para esta semana con los líderes de las mayores compañías del país, en busca de apoyo para revivir la economía.

Un plan así era exigido desde hace tiempo por las compañías que lidian con la enredada burocracia del país y su sistema impositivo. Las medidas de una nueva agenda incluyen permisos medioambientales por vía rápida, simplificación de impuestos y aumento de las garantías en los contratos con el Estado.

El plan, que debe ser debatido aún en el Senado, rebajaría los costos a las compañías, desde la minorista GPA hasta mineras como Anglo American.

Esta nueva agenda llega tarde, pero al menos pone algo sobre la mesa que podría ayudar a recuperar la confianza, dijo Paulo Protasio, jefe de la Cámara de Comercio de Río de Janeiro.

Aunque Rousseff se apuntó victorias políticas y judiciales la semana pasada que hacen improbable la votación del juicio de desafuero en el Congreso, una impugnación a su gestión sigue siendo amenaza, pues opositores alegan que se benefició de donaciones ilegales para su campaña.