Miércoles 19 de agosto de 2015, p. 28
Ensenada, BC.
La corrupción
de la Procuraduría Agraria (PA) propició el despojo y la invasión
de tierras en beneficio de la vinícola LA Cetto y de otras empresas, aseguraron líderes kiliwas, una de las cinco etnias de Baja California.
En la comunidad de San Antonio Necua, municipio de Ensenada, la comisaria ejidal Claudia Morales Domínguez dio a conocer durante una reunión de pueblos yumanos de Baja California (que también habitan en Sonora y el sur de California) que durante años los kiliwas han luchado contra LA Cetto, que pretende apropiarse terrenos nacionales en posesión de los indígenas. Los expedientes, dijo, se han extraviado
en dos ocasiones en las oficinas de la PA desde 2003.
Otros indígenas acusaron a las autoridades de indiferencia ante los conflictos por tierras y la corrupción de la PA, que, según los indígenas, consiente contratos ventajosos para el sector privado en perjuicio de los nativos.
El titular de Concertación Agraria de la Secretaría de de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Carlos Ernesto Zatarain, reconoció que LA Cetto solicitó los terrenos que ocupan los kiliwas y que la resolución está en trámite.
El jefe kiliwa Elías Espinoza Alvarez consideró que la PA, en lugar de defenderlos, les aconseja entregar sus tierras a las empresas y les dice que no las necesitan.
Anselmo Domínguez Sandoval, también indígena, informó que LA Cetto cerró el derecho de vía que utilizaba su comunidad porque supuestamente cruzaba un predio de su propiedad, y la empresa rehúsa dialogar.
El comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, indicó que la empresa Fuerza Eólica San Matías firmó un contrato leonino
no aprobado por la asamblea de la comunidad indígena de Santa Catarina, municipio de Ensenada, y con el pretexto de generar energía eléctrica busca apoderarse de las minas aledañas al poblado. Asimismo señaló que la PA desoyó las recomendaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y omitió informar a la comunidad sobre las concesiones mineras en su territorio.