Sao Paulo.

En rechazo a la corrupción, la devaluación del real (la divisa nacional), el incremento de precios y la caída del empleo, unas 866 mil personas salieron a las calles de un centenar de ciudades y pueblos de Brasil para pedir la celebración de un juicio de desafuero contra la presidenta Dilma Rousseff, apenas relecta el año pasado para un segundo mandato presidencial.

Esta es la tercera manifestación contra Rousseff y el Partido de los Trabajadores (PT) desde que la gobernante comenzó su segundo periodo, en enero pasado, y aunque esta vez hubo más participantes que en la movilización nacional del 12 de abril pasado, con 600 mil personas, la concurrencia fue menor que en la primera ola de protestas del 15 de marzo, cuando al menos un millón de brasileños mostraron su rechazo a la administración.

Las marchas de este domingo, en las que la policía calculó un total de 866 mil manifestantes en todo el país, fueron inferiores a las grandes movilizaciones realizadas el verano de 2014 para denunciar los excesivos gastos del gobierno en la organización del Mundial de Futbol.

El detonante de las actuales expresiones de rechazo al gobierno del PT –en el poder desde 2003, cuando llegó Luiz Inacio Lula da Silva al palacio de Planalto– fue la revelación de un caso de corrupción en la estatal Petrobras, el petrolao, en el que están involucrados políticos petistas y de partidos aliados, así como ejecutivos de empresas constructoras.

A escala nacional, las convocatorias a estas manifestaciones han sido lanzadas por organizaciones de distinto signo político, tanto liberales como derechistas y ultraderechistas que proponen el retorno a un régimen militar dictatorial como el más recientemente impuesto en Brasil, de 1965 a 1985.

Convocantes como el Movimiento Brasil Libre, Ven a la Calle, Indignados On Line y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, antecesor del PT en el poder federal) se ubican en la centroderecha del espectro político brasileño, mientras la Unión Nacionalista Democrática y Patria Amada Brasil se sitúan a la extrema derecha.

Las movilizaciones de este domingo tuvieron el explícito apoyo de Aecio Neves, ex candidato presidencial del PSDB en 2014, derrotado por Rousseff en la segunda vuelta.

A partir del mediodía, desde Belem, en el nororiental estado de Recife, hasta Belo Horizonte, en el centro, y desde Brasilia, hasta Sao Pulo y Río de Janeiro, en la costa atlántica, hubo marchas y concentraciones en localidades de 16 de las 27 entidades federativas.

Desafuero, ya fue el lema inscrito en una enorme bandera brasileña que portaron sobre los hombros decenas de manifestantes que se sumaron a los 350 mil que caminaron sobre la céntrica y emblemática Avenida Paulista de Sao Paulo, la mayor ciudad del país. En el resto del estado del mismo nombre hubo 115 mil opositores más que salieron a las calles de localidades menores.

La novedad en esta ocasión fueron las expresiones de apoyo a Sergio Moro, juez encargado de estudiar y dictaminar sobre el petrolao, que según los fiscales federales del caso tiene conexiones con otro conocido como mensalao, mediante el cual fueron suministrados sobornos mensuales a legisladores para comprar su decisión en votaciones del Congreso, a mediados de la década pasada.

Hasta ahora el funcionario judicial ha determinado enviar a la cárcel a varios de los involucrados, incluido José Dirceu, jefe de gabinete de Lula de 2003 a 2005.

Otra de las expresiones novedosas fue la denuncia pública de Lula, a quien los manifestantes representaron con un monigote gigante, vestido con un traje de reo. Hasta ahora, el ex mandatario había estado al margen de acusaciones y críticas en las movilizaciones.

Según encuestas, apenas 8 por ciento de los ciudadanos consideran que la administración de Rousseff es excelente o buena, pero en contraste, 71 por ciento opinan que el gobierno es un fracaso.

La popularidad de la mandataria está en el nivel más bajo que ha registrado un gobernante en Brasil desde 1992, cuando el entonces presidente Fernando Collor de Mello se vio obligado a dejar el cargo después de ser sometido a un juicio político de desafuero por actos de corrupción.