Ayutla de los Libres, Gro.

Ángel Aguirre Rivero (gobernador de 2011 a 2014) metió a la cárcel a mi esposo y a los demás compañeros (de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Ciudadana, CRAC-PC) porque somos indígenas y por luchar por nuestros derechos, afirmó Agustina García de Jesús, esposa de Arturo Campos Herrera, quien junto con otros miembros de la CRAC-PC se halla preso, acusado de secuestro y terrorismo, entre otros delitos.

Indicó que Aguirre piensa que los indígenas no tenemos los mismos derechos. Yo creo que para el gobernador existe la justicia, pero para los ricos; para los pobres no. Ni siquiera nos quieren ver. A veces, sin dinero, nos tenemos que trasladar a Chilpancingo o Acapulco, precisó.

Entrevistada fuera de la cárcel municipal de Ayutla de los Libres, la mixteca, acompañada de familiares de los 10 presos de la CRAC-PC, dijo entre sollozos: Venimos a exigir que los liberen, porque sabemos de qué delitos los están culpando.

Por separado, el abogado Hegel Mariano aseguró que Arturo Campos enfrenta cargos, al igual que Nestora Salgado y Gonzalo Molina, por delincuencia organizada y secuestro agravado, junto con Bernardino García, sobreviviente de la masacre de El Charco, perpetrada en 1998 en Ayutla de los Libres, y recluido en la cárcel de ese municipio.

Agustina García, mixteca de baja estatura, sostuvo fuera de la prisión, acompañada por sus seis pequeños hijos: El gobierno fabricó los delitos a nuestros compañeros, y bien que lo sabe. Por eso estamos aquí.

Recordó que su esposo, Arturo Campos, fue aprehendido el primero de diciembre de 2013 en Chilpancingo, luego de una marcha, y Bernardino García y los otros presos, el 21 de agosto, “el mismo día que detuvieron a la comandanta Nestora Salgado en Olinalá. Ese día entraron a El Paraíso –donde se ubica la casa de justicia de la CRAC-PC– y liberaron a todos los delincuentes, pero también se llevaron a nuestros compañeros”.

Indicó que los reos han recibido respaldo de varias organizaciones mexicanas. Por eso trajimos a nuestros hijos a la cárcel, donde se encuentran ocho presos políticos de la CRAC-PC, uno de ellos mi esposo, Arturo Campos, además de otros dos luchadores sociales, entre ellos mi papá, Antonio García, preso por apoyar las luchas del pueblo, y otro compañero, Gildardo Pérez.

Empezó a llorar. Le decimos al gobernador Rogelio Ortega que ya no queremos más sufrimiento ni más dolor. Que el gobernador tenga calidad humana, que voltee a ver cómo estamos sufriendo. Nuestros hijos no tienen que comer, no tenemos nada. Ya va para dos años que están encarcelados nuestros esposos, no sabemos cómo vamos a mantener a nuestros hijos y el gobernador no nos quiere dar respuesta.

Aseguró que las familias de los encarcelados no han podido sembrar sus tierras en dos años. ¿Cómo, sin compañero? Así no vamos a poder comer, y eso es injusto. Lo peor es que los delincuentes se encuentran fuera, disfrutando de su familia, y nuestros compañeros que no hicieron nada están en la cárcel.

Los abogados, añadió García de Jesús, nos dicen que los casos están en proceso y la dichosa ley de amnistía está por aprobarse. Yo no sé nada de leyes, pero esa dichosa ley es para delincuentes, y mi esposo y los compañeros son luchadores sociales, no delincuentes. Así como lo agarraron (a Arturo Campos) de volada, y en unos días se lo llevaron al penal del Altiplano (en el estado de México), ¿por qué no hacen igual para soltarlo? Siempre ponen trabas para liberarlo.

En tanto, Rufino, activista en comunidades mixtecas de Ayutla de los Libres, pidió al mandatario estatal tomar con seriedad el caso de los presos políticos de la policía comunitaria y pidió audiencia con el gobernador para demostrar que se fabricaron delitos a los acusados.