San Antonio.

La detención de mujeres y niños que cruzan de manera ilegal a Estados Unidos por la frontera con México es prolongada e insegura, afirmaron expertos en derechos de los migrantes, los cuales impugnaron los dichos gubernamentales de que la retención de familias extranjeras es breve y su confinamiento no viola una prohibición antigua.

Los niños son puestos en peligro todos los días, sostienen los litigantes en un documento. Entre los firmantes hay numerosos miembros del Centro pro Derechos Humanos y Derecho Constitucional, entre otras organizaciones.

En un texto presentado el jueves a la juez federal de California Dolly Gee, los defensores dijeron que la salud y seguridad de los niños migrantes es puesta en peligro, debido a la atención médica y sicológica claramente inadecuada que se les brinda en las instalaciones de detención, en las cuales, afirman, se mantiene rutinariamente a las familias durante más de un mes.

La versión oficial

Según el gobierno, se retiene a madres y niños sólo unas semanas, mientras se procesan sus solicitudes de asilo. Sin embargo, los abogados dijeron que las familias son recluidas periodos más largos porque los funcionarios de migración demoran las investigaciones y trámites de esas peticiones, obstruyen rutinariamente el acceso a la asistencia jurídica y porque las fianzas son muy altas para que las mujeres las paguen para garantizar su liberación.

Los litigantes criticaron la situación de la atención médica en las instalaciones de detención, como ausencia de tratamiento o males que pasaron inadvertidos, situaciones que derivaron en la hospitalización de algunos menores, falta de medicamentos, vacunas equivocadas y esperas largas.

El gobierno ha canalizado millones de dólares a dos grandes centros de detención en Texas para mujeres y niños después de que decenas de miles de familias migrantes, en su mayoría madres con niños procedentes de América central y México, cruzaran el verano anterior el río Bravo, que marca parte de la frontera entre Estados Unidos y México. Una tercera instalación de menores dimensiones se ubica en Pennsylvania.

Peter Schey, uno de los principales abogados y director ejecutivo del Centro pro Derechos Humanos y Derecho Constitucional, calificó de inhumana la política de retener a los menores migrantes.