Río de Janeiro.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se entrevistó con unos 20 delegados de movimientos sociales, quienes le expresaron su apoyo frente a los ataques y peticiones de la oposición para comenzar un juicio político en su contra, en la víspera de una nueva movilización, a escala nacional, convocada para el domingo por grupos que demandan su destitución o renuncia.

En el encuentro, efectuado la noche del jueves, los delegados de los movimientos sociales se quejaron del duro ajuste fiscal que promueve el gobierno, con un gran recorte de gasto público y un aumento de los impuestos.

Si es para ajustar, que sea a quienes nunca fueron ajustados, con impuestos a las grandes fortunas y a las ganancias de los bancos, sostuvo Guilherme Boullos, del Movimiento Sin Techo, quien apuntó que la única salida es con el pueblo y por la izquierda.

Rousseff explicó que el ajuste permitirá crear las condiciones necesarias para que la economía del país vuelva a crecer y entonces profundizar las mejoras sociales reportados en años recientes, y se comprometió a que no habrá retrocesos en las políticas sociales, aunque ya no se podrá gastar como antes, cuando había más dinero.

Los movimientos brindaron a la mandataria su apoyo de cara a las manifestaciones convocadas para el domingo por grupos de la oposición, debido a la mala situación económica que vive Brasil y el caso de corrupción que envuelve a la petrolera estatal Petrobras.

La manifestación se efectuará en 26 estados y el Distrito Federal, y se espera que tenga epicentro en la megalópolis de Sao Paulo, la más populosa del país, que ha sido el corazón de otras dos marchas que este año reunieron a casi 3 millones de personas.

La presidenta aseguró que no hay ningún problema en que la oposición convoque protestas en su contra y el pueblo las acompañe, porque esto es uno de los derechos que ofrece la democracia.