Guadalajara, Jal.

En el actual gobierno estatal apenas 14 por ciento de procedimientos administrativos contra funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) terminaron en sanción, y sólo en 9.7 de las averiguaciones previas por presuntos delitos se logró la consignación de los agentes denunciados.

De marzo de 2013, cuando comenzó la gestión del gobernador Aristóteles Sandoval, a la fecha, de 400 averiguaciones previas contra funcionarios de la fiscalía por actos ilegales, 39 terminaron en consignación; de 700 procedimientos administrativos, 101 funcionarios fueron sancionados.

En esos dos años cuatro meses, 69 agentes de la fiscalía o policías estatales han estado involucrados en casos de tortura, trato indigno, lesiones, abuso de autoridad y robo, pero apenas uno ha sido consignado y muchos continúan en sus cargos.

De esos 69, al menos ocho policías han recibido dos exhortos en los que se pide sean investigados y sancionados, incluida la agente Ana Rosa Zermeño Jiménez.

Otros que han cometido violaciones corroboradas que ameritaron dos exhortos, de 2013 a la fecha, son Isaías Domínguez Ortiz, quien dirigía la Unidad Especializada Anti-Secuestro de la FGE y el ex jefe de la policía de Tlaquepaque, Carlos Torres Blanco.

También con dos recomendaciones están los policías Manuel Hernández Ramírez, Moisés Jiménez Briseño, Sergio Alberto Vázquez Armendáriz y Abraham Soto Damián. Este último, un comandante de la policía investigadora acusado de tener nexos con el cártel Jalisco Nueva generación, según un video difundido en YouTube en 2011.

En los ocho años recientes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió 30 recomendaciones contra agentes investigadores y policías estatales acusados de tortura. De éstas, sólo una ha sido atendida y fue la semana pasada tras la llegada de Eduardo Almaguer a la fiscal general de Jalisco, en sustitución de Luis Carlos Nájera.

Tres agentes señalados en la recomendación fueron detenidos, dos fueron separados de su cargo y uno consignado.

El miércoles Almaguer anunció un plan para combatir la corrupción y la impunidad en esa dependencia. Destacan el fortalecimiento de las áreas de visitaduría y contraloría y un programa de capacitación para el personal de primer contacto con la población.

El Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco consideró que a más de un mes de la llegada del nuevo fiscal, ha mejorado lo relacionado a las denuncias por tortura contra elementos de la dependencia, pero que también existe una gran tarea para despedir y sancionar a quienes tienen recomendaciones de derechos humanos por incurrir en esa práctica.

El presidente del colegio, José Luis Guizar Macías, aseveró hace unas semanas que casi el 100 por ciento de los detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) era golpeado o torturado para que firmaran confesiones incriminatorias. Ahora, asegura que tras la llegada de Almaguer, mejoró todo.