En dos años se registraron alrededor de 700 denuncias penales que criminalizan el aborto, se realizaron 75 juicios y se emitieron 29 sentencias. Además, 22 personas estaban en prisión durante el mismo periodo acusadas de haber interrumpido el embarazo, asegura el informe Niñas y mujeres sin justicia, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire).

El reporte, redactado con datos obtenidos de más de dos mil solicitudes de información, ratifica que en México persisten la discriminación y violación de los derechos humanos de las mujeres, lo cual no es un tema que al Estado le interese atender, afirmó Regina Tamés, directora de Gire.

En la vida de la población femenina no han tenido impacto las leyes y programas generados en años recientes para prevenir la violencia, mejorar sus condiciones laborales y garantizar, por ejemplo, que no perderán el empleo por estar embarazadas o que tendrán acceso a la interrupción del embarazo cuando sea resultado de una violación o cuando su salud se encuentre en peligro.

Muerte materna

Tampoco se ha avanzado en disminuir la muerte materna. Por el contrario, señala el informe, en cinco estados (Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Tamaulipas y Quintana Roo) este indicador creció; además existen diferencias significativas entre estados.

A escala nacional, la razón de la mortalidad materna se ubicó en 38.2 por cada 100 mil nacimientos vivos, pero Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán reportaron entre 46 y 65 decesos.

Tamés recordó que el compromiso de México con los Objetivos de Desarrollo del Milenio era que para 2015 esa cifra se ubicaría en 22. Sin embargo, aquella meta todavía está lejana, señaló.

Además del aborto y la muerte materna, el informe de Gire –que consta de 303 páginas– también aborda los temas de anticoncepción, violencia obstétrica, reproducción asistida y vida laboral y reproductiva de las mujeres.

Respecto de la criminalización por aborto, la agrupación obtuvo las cifras de denuncias y juicios entre 2012 y 2013, pero las entidades omitieron datos como el sexo de los inculpados y encarcelados, algunos de los cuales son parejas o familiares de las mujeres. Los estados tampoco proporcionaron el sentido de las 29 sentencias emitidas.

De cualquier forma los números revelan un problema de derechos humanos, advirtió Tamés en la presentación del informe, el cual incluye testimonios de mujeres que han sido criminalizadas por haber tenido un aborto espontáneo.

Otros casos son los de quienes, pese a estar en peligro su salud, no logran acceder a la interrupción del embarazo o los de víctimas de violación que tampoco logran hacer efectivo el derecho, vigente en todo el país, de detener la gestación.

El reporte destaca los casos de niñas violadas en diferentes estados que son obligadas a presentar denuncias penales y a esperar la resolución de un juez para que en los hospitales acepten practicarles el aborto.

Gire acompaña varios de estos casos en procesos legales, algunos incluso para que sean atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En cuanto a la violencia obstétrica, el reporte da cuenta de las deficiencias en la actuación del personal médico y la falta de infraestructura, problemas no reconocidos por el Estado, pero que influyen en la problemática.

Son tan frecuentes el sufrimiento y el maltrato en clínicas y hospitales, que pareciera ser lo normal, señaló Liliana, cuya vida estuvo en peligro por una deficiente atención médica de su primer parto en Quintana Roo, a causa de la cual perdió el útero.