La Procuraduría General de la República (PGR) impugnó la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) que la obliga a reparar el daño e indemnizar a las indígenas otomíes Alberta Alcántara y Teresa González Cornelio, quienes estuvieron presas injustamente más de siete años acusadas de secuestrar a seis agentes federales, en el estado de Querétaro en 2006.

Después que la primera sala del máximo tribunal ordenó en abril de 2010 su libertad y que tres años después, el TFJFA sentenció a la PGR a indemnizarlas, la dependencia federal impugnó la decisión, la cual será resuelta en definitiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El 20 de noviembre de 2013, el tribunal fiscal sentenció a la dependencia federal al pago –a cada una– de 151 mil 924.79 pesos por concepto de la indemnización del daño patrimonial y actualizaciones, al no haber podido trabajar durante el tiempo que estuvieron en la cárcel. Además de 920 mil 700 pesos por concepto de indemnización por daño moral, por haber lesionado su honor, sentimientos, vida privada, afectos, decoro y reputación y que su pueblo les haya perdido el respeto, y la autoridad deberá reconocer su inocencia en los mismos medios en los que fueron publicadas las acusaciones.

Un tribunal colegiado que conoció la inconformidad de la PGR turnó el caso a la segunda sala.

Medina Mora sabía del caso

Sin embargo, esta sala –de la que forma parte el ex procurador Eduardo Medina Mora, quien tuvo conocimiento del asunto– resolvió que no era de su competencia, sino que le correspondía a la primera sala.

Por cierto, cuando Medina Mora participó en el proceso de selección para ser ministro de la Corte en marzo pasado, fue cuestionado precisamente sobre este asunto, a lo que respondió: Los hechos imputados a las mujeres, los arrestos y las averiguaciones concernientes fueron integradas con anterioridad a mi gestión y las tres mujeres fueron consignadas antes de mi llegada a la PGR, en cuanto a Teresa y Alberta, fueron liberadas por la SCJN antes que su proceso fuera repuesto.

Ambas mujeres otomíes estuvieron en prisión más de tres años y obtuvieron su libertad, en razón de que la primera sala de la Corte estableció que el Ministerio Público federal violó el proceso en su contra y no porque la PGR reconociera que se había equivocado en acusarlas del secuestro de seis elementos federales.