uando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el primero de enero de 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, las promesas y expectativas contrariaron con mucho la realidad tras conocerse los resultados obtenidos 20 años después. Ahora es más claro que nunca que este proyecto firmado entre Estados Unidos, México y Canadá buscaba ampliar y proteger los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, al costo del empleo, la pobreza y la marginación que han sido la expresión más evidente de un modelo de economía de mercado que fracasó en su pretendido objetivo de generar más oportunidades, comercio libre y desarrollo para nuestros países.

Por el contrario, medido en términos de bienestar económico y social, la desigualdad se incrementó y por consiguiente la explotación de la mano de obra, al mismo tiempo que la distribución de la riqueza se deterioró hasta alcanzar niveles verdaderamente preocupantes para el futuro de la sociedad. En esos 20 años bajo el TLCAN, los datos oficiales revelan que en Estados Unidos se han perdido cerca de 5 millones de puestos de trabajo en el sector manufacturero y casi 57 mil empresas cerraron. En Canadá algo similar ocurrió y en México no se han podido recuperar las plazas perdidas, ni alcanzar el nivel mínimo de más de un millón de empleos por año. Muchas de las operaciones de las naciones más desarrolladas se han trasladado a los países que tienen los salarios más bajos y donde está reprimida la libertad sindical y la contratación colectiva.

Un ejemplo claro de esta problemática es la conducta de la corporación más destacada, Apple, que tiene 40 mil empleos en Estados Unidos solamente y más de 700 mil en el extranjero, ya que ha seguido la estrategia principal de aprovechar la escala, la flexibilidad, la diligencia y los trabajadores calificados que las fábricas de Estados Unidos ya no son capaces de igualar, según palabras de un alto ejecutivo.

La experiencia del TLCAN no deja de preocupar ampliamente sobre el futuro de nuestro país y de las 11 naciones restantes que están por firmar en septiembre próximo el Acuerdo de Asociación Comercial Transpacífico. La preocupación principal que existe hoy en el Congreso de Estados Unidos, es que México, con salarios de los más bajos de América Latina y con un control importante sobre los derechos laborales, se llevaría las plantas de producción y los empleos de la industria manufacturera de los vecinos del norte.

Es precisamente en este contexto que el congresista Sander Levin, líder de los demócratas en el relevante Comité de Medios y Arbitrios, ha formulado un balance y ha generado un gran debate sobre la violación a los derechos laborales y humanos en México y la inquietud generalizada de que ello contribuye a favorecer el poder corporativo que sólo busca maximizar sus ganancias a cualquier costo.

Esta demanda del congresista Sander Levin es saludable y se une a la posición del jefe de economistas del Departamento del Trabajo de Estados Unidos hasta el mes de septiembre de 2012, Betsey Stevenson, quien dijo: Si alguna vez las empresas sintieron la obligación de apoyar a los trabajadores, aun cuando no fuera la mejor opción financiera, eso ha desaparecido. Las ganancias y la búsqueda de la eficiencia han superado la generosidad.

Los tratados de libre comercio no han servido para obligar a que se respeten los derechos laborales. De ahí que la denuncia que hemos presentado los sindicatos independientes de México ante la OIT en contra de los contratos de protección patronal y las violaciones a la libertad de asociación y a la contratación colectiva en México han contribuido al debate y a que el organismo internacional en materia laboral más importante del mundo exija al gobierno mexicano publicar de inmediato los registros y estatutos sindicales y que se cumpla el Convenio 87 referente a la libertad sindical.

El obstáculo y el ejemplo más claros son los contratos de protección patronal que celebran algunas organizaciones sindicales con las empresas a espaldas de los trabajadores y con la aquiesencia, aprobación y registro de la autoridad laboral. Un caso muy claro es el de la industria automotriz, en la cual la CTM posee 95 por ciento de los contratos del sector y donde los salarios se han rezagado enormemente y están muy distantes de los que se obtienen en Estados Unidos o Canadá, donde un trabajador gana entre 40 y 60 dólares por hora, mientras que en México andan en un promedio de alrededor de 10 dólares al día, desarrollando las mismas funciones y con instalaciones, equipos y maquinaria similares.

El profesor Harley Shaiken, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en Berkeley, quien es un estudioso del TLCAN, ha observado que en México el aumento de la productividad en la industria manufacturera es acompañado por la disminución de los salarios. La investigación del profesor Shaiken ha demostrado que la situación ha empeorado entre 1993 y 2011, ya que los salarios reales de los trabajadores mexicanos cayeron 20 por ciento, mientras que la productividad se incrementó 80 por ciento.

En las negociaciones del Acuerdo de Comercio Transpacífico, el gobierno mexicano está pugnando por ampliar las reglas de origen en la industria automotriz de 62.5 por ciento actual en el TLCAN, a 65 por ciento en el TPP. Esa posición es positiva y debe acompañarse de las medidas que se han tomado para frenar las importaciones subsidiadas de acero de China, porque sería paradójico y lamentable que las empresas armadoras japonesas produjeran automóviles en México con acero chino.

A esos esfuerzos deberían sumarse la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para sustituirlas por tribunales laborales, así como cancelar la obligación del registro para obtener las tomas de nota. Si no se cambia la estrategia comercial y laboral al mismo tiempo, no se alcanzará la justicia y la equidad que tanto están esperando no sólo los trabajadores mexicanos, sino la población en su conjunto.