or mayoría de siete votos contra cuatro, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó retirar el registro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pese a reconocer que ese instituto político cometió múltiples violaciones a la legislación electoral en los pasados comicios federales, que lo colocan como el partido más sancionado y el segundo más multado en la historia del país.
De esa manera, la institución encargada de organizar las elecciones envió un mensaje preocupante de abdicación a su tarea de árbitro electoral al avalar la continuidad de una organización que es identificada por los partidos de oposición, por decenas de miles de ciudadanos y por los propios consejeros del INE como violadora contumaz y sistemática de la legalidad. Tal condición coloca de manera inequívoca al PVEM en los supuestos de cancelación del registro que establecen las leyes generales de Partidos y de Instituciones y Procedimientos Electorales, como han advertido desde hace meses diversos académicos y especialistas en materia electoral, y como lo acreditan las múltiples –aunque tibias– sanciones que se han emitido en contra del partido propiedad de la familia González. Sin embargo, con la renuencia del INE a sancionar al Verde conforme a lo establecido en ese marco normativo, la propia autoridad electoral abre un margen indeseable de descontrol en los comicios y sienta un precedente nefasto para que las prácticas delictivas en que incurrió el referido partido se repitan en el futuro.
Además de ser reprobable en sí misma, por cuanto equivale a validar conductas contrarias a la ley, la resolución del INE constituye un agravio a la democracia en el país y a la institucionalidad supuestamente encargada de hacerla valer: al rechazar la cancelación del registro del PVEM, los consejeros electorales contribuyen a la consolidación de un modelo partidista de carácter clientelar y empresarial, que equipara los procesos soberanos y comiciales con oportunidades de hacer negocios y que destina grandes cantidades de recursos –obtenidos, para colmo, del erario– a la obtención de puestos de elección popular.
Este aval a la política como un mercado de inversión y compra de votos no es, ciertamente, nuevo: se presentó hace tres años, durante las elecciones presidenciales de 2012, con la negativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el entonces Instituto Federal Electoral a revisar los excesos manifiestos en los gastos de campaña y la compra de votos para favorecer, principalmente, a uno de los contendientes por la titularidad del Ejecutivo. Ahora, con la resolución de ayer, los consejeros del INE reafirman un retroceso en la institucionalidad democrática, que convierte los procesos electorales en una puja financiera en la que la capacidad de inducir el sentir popular es proporcional a la cantidad de recursos económicos que se invierten, y que inscribe los procesos electorales en la lógica del mercado.
En el entorno político y electoral enrarecido que vive el país desde 2006, caracterizado por la incapacidad de las instancias electorales para ofrecer resultados convincentes, las violaciones a las leyes, los conflictos electorales y la judicialización de los procesos comiciales, el fallo del INE representa un nuevo revés para la democracia y la propia institucionalidad electoral. Cabe preguntarse con qué capital político y moral se presentará, de cara a los comicios de 2018, una autoridad electoral deslegitimada por sus propios integrantes y carente de fundamentos éticos para exigir a los partidos políticos que cumplan la ley.
