El gobierno federal prepara un blindaje en seguros y fianzas para proteger a sus funcionarios de primer nivel, especialmente a los subsecretarios y directivos de las secretarías de Energía (Sener) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que cuenten con atribuciones y facultades legales para firmar contratos en materia energética con empresas trasnacionales.

Mediante una invitación pública y en cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la SHCP fijó las bases para que cualquier aseguradora interesada presente sus propuestas de cotizaciones para contratar seguros cuya cobertura máxima será de 100 millones de pesos anuales por cada asegurado.

A decir de funcionarios del gobierno federal que conocen del tema y de abogados especializados en seguros y fianzas y en derecho energético, la intención de ambas dependencias es contar con una póliza similar a la que contratan hospitales o médicos privados, pues cubre responsabilidad civil objetiva y subjetiva; responsabilidad penal por delitos culposos (negligencia o impericia) y por faltas administrativas que ocasionen daños y perjuicios.

Cualquier incumplimiento contractual de parte de Hacienda o de la Sener, cualquier error de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, si eso provoca pérdidas económicas o disminución de la ganancia de los empresarios inversionistas, y existe un nexo causal entre el servidor público negligente y el daño o perjuicio, sin duda que dará motivo a controversias mercantiles que pueden derivar en indemnizaciones millonarias, sostuvo José Antonio Holsberger Prado, abogado con más de 20 años de experiencia en el ramo de hidrocarburos en México.

Las fuentes gubernamentales consultadas precisaron que los seguros tendrán vigencia retroactiva al primero de octubre de 2014 y hasta el cierre de 2016.

Añadieron que los funcionarios que dejen sus cargos estarán cubiertos por cinco años más, pero no se aplicará cuando el servidor público actúe de manera dolosa, es decir, que si incurre en alguna estafa, acto de corrupción o tráfico de influencias no quedará amparado con la cobertura del seguro.

De su lado, Joaquín López Coss, abogado especialista en derecho mercantil consultado por La Jornada dijo que estimaciones conservadoras lo llevan a contemplar que si hay incumplimientos contractuales de parte del gobierno federal, podemos hablar de que las indemnizaciones, sólo por un caso, pueden llegar a superar los 100 millones de pesos.

Ese tipo de seguros cubren los gastos, costos y honorarios de abogados para la defensa jurídica del asegurado, incluido costos judiciales y extrajudiciales (fondos para negociación), así como los montos por reparación patrimonial del Estado.

En el artículo 63 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se establece que los servidores públicos de Hacienda responsables de determinar y verificar las condiciones económicas relativas a los términos fiscales contarán con seguros, fianzas o cauciones, que cubran el monto de la indemnización por los daños que cause su actuación en el ejercicio de sus atribuciones.

Esta medida protege a los secretarios de Hacienda y de Energía, y al gobernador del Banco de México, y cuatro miembros independientes que propondrá el Ejecutivo al Senado y que deberán ser ratificados con voto de las dos terceras partes.