La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) solicitó a las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Comunicaciones y Transportes (SCT) suspender la distribución de televisores digitales en tanto no publiquen las reglas de operación del programa y entreguen el padrón de beneficiarios.

En el Senado, legisladores de PAN, PRD, PRI y PVEM exigieron a ambas dependencias federales que expliquen cuál es el objetivo de tomar huellas dactilares a la población a la que entregan dichos aparatos receptores, ya que eso es ilegal y viola derechos humanos y la protección de datos.

En un punto de acuerdo aprobado por la Diputación Permanente de la ALDF, se condenó la violación de datos personales y de identidad en la entrega de los televisores, y se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que investiguen a la Sedesol y a la SCT.

Al presentar en tribuna el punto, la diputada Ariadna Montiel Reyes sostuvo: Hemos manifestado ya, como postura de mi partido (PRD), que este programa para lo único que sirvió fue para generar una operación clientelar en el proceso electoral, y presenta una serie de irregularidades, que en estos días se han estado haciendo notar, como es su poca transparencia.

En esto coincidió el senador Alejandro Encinas, al advertir la ilegalidad y abusiva toma de huellas dactilares sin que exista norma que lo señale. Con ello, dijo, se ve que persiguen una estrategia electorera, que desde hace muchos años lo han estado intentando y pueden tener responsabilidad, porque violan la ley.

El senador del PRI Jesús Casillas dijo, sin tener información a fondo: Considero que es una situación que no es correcta; si hubiera una irregularidad tendría que investigarse. Y el panista Juan Carlos Romero Hicks aseveró que la población afectada por esa medida puede presentar una denuncia, porque ningún programa social exige que se tomen huellas dactilares.

Por otra parte, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, dijo que la entrega de televisores se debe hacer con plena transparencia y respeto a la dignidad de las personas. Legislamos para que pudiera haber una transición de la televisión analógica a la digital y el costo lo absorbiera el Estado y esto no debe ser utilizado de ninguna manera para lucrar política o electoralmente.