scribir un artículo sobre la sobrevivencia del partido canalla –como lo llamó Jorge Alcocer– me resulta conflictivo. Por razones diversas tengo un gran aprecio por algunos de sus consejeros, comenzando con Lorenzo Córdova. Pero no puedo condescender ni callar frente a la resolución del INE. Sé de la honestidad a toda prueba de algunos de ellos (no lo sé de todos) y de la destreza ( expertise) que ahí se reúne en materia electoral. Pero honestidad y destreza no dan en automático la razón. Creo que hay aquí, además, graves problemas jurídicos.

No concuerdo con mis queridos amigos Jacqueline Peschard y José Woldenberg, quienes en clave democrática opinan que son los electores quienes deben decidir (la regla del 3 por ciento), simplemente porque no es todo lo que dice la ley. Dicta otras disposiciones relevantes.

No ha lugar a la cancelación o pérdida de registro del Partido Verde Ecologista de México en términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución, dice el dictamen, y agrega que no quedaron impunes ni ausentes de reproche jurídico, toda vez que fueron sometidas a escrutinio respecto de su legalidad y constitucionalidad y, en su momento, sancionadas en términos legales, lo que tuvo como consecuencia, en cierto grado, depurar el proceso electoral.

Guillermo Sologuren y Fabiola Martínez, de La Jornada, reseñan la resolución en estos términos: “El Instituto Nacional Electoral (INE) comprobó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) incurrió sistemáticamente en actos ilegales para obtener ventaja indebida en el proceso electoral de este año, pero considera que tales hechos irregulares no son de la gravedad suficiente o de magnitud extrema para la pérdida de su registro.

No basta la acreditación de un cúmulo de infracciones graves y sistemáticas a la normativa electoral sino que, además, se requiere que este tipo de violaciones se traduzcan en una transgresión directa e irreparable a las finalidades que la Constitución atribuye a los partidos.

En resumen, el Verde merece seguir viviendo y cometiendo toda clase de fechorías, como las que ha venido cometiendo, porque aunque sus violaciones a la Constitución fueron graves y sistemáticas, como exige la norma, no fueron suficientemente graves o de la magnitud extrema como para perder el registro, según el criterio del consejo del INE, además de que las faltas cometidas ya fueron en su momento sancionadas una por una con fuertes multas.

Respecto a la situación que en este momento guarda el falso Verde, no hay más vueltas que darle. La autoridad que posee las atribuciones legales para interpretar la norma es el consejo del INE, y éste ya dijo su palabra. El Verde vive. No hay ningún problema legal en la resolución.

Vale la pena señalar que nunca ha sido aplicada la causal contenida en el artículo 94 de la nueva Ley General de Partidos Políticos, que establece que un partido puede perder su registro por incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del instituto o de los organismos públicos locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral. Está claro que para poder saber si un partido incumplió de manera grave y sistemática la normativa electoral, es necesario que todo el proceso electoral haya tenido lugar. Pero el consejo sancionó al falso Verde en cada acto de violación grave que cometió durante el proceso electoral. Es decir, reconoció la gravedad y sistematicidad de las faltas pero lo hizo una por una. Según parece decir el sentido común, faltaría una evaluación de conjunto de las violaciones verdes. No convence el argumento de que ya fueron sancionadas una por una. Es claro que del modo en que procedió el consejo, si así se repitiera en cada elección, nunca habrá un dictamen de las violaciones cometidas en el proceso electoral en conjunto. Tanto es así que la propia resolución dice que la depuración del proceso electoral se dio en cierto grado.

México se socializó de cierto modo a partir del cardenismo, y lo hizo de manera distinta después de 1968. En sus aspectos negativos, esta segunda socialización incluye una persistencia de un déficit de ciudadanía que incluye una falta grave de cultura de la legalidad, una fuerte desconfianza en el otro, un acentuado y paradójico individualismo, que se vive día a día, pero que puede tener momentos estelares de cerrar filas, como ocurrió con el sismo de 1985 y numerosos actos locales en desgracias de menor magnitud que el sismo referido.

Frente a este México así socializado, la resolución del sismo no sólo no contribuye con una lección a la cultura de la legalidad sino que es probable que acentúe la falta de confianza en quienes gestionan la legalidad y en las instituciones mismas, como el INE, que tan decisivo ha sido en la convivencia política del país. Una muy ancha franja de los electores estará diciendo que el consejo no se atrevió a dictar una resolución que afectara al Ejecutivo. Una lectura que no concuerda con la realidad, pero que parece haberse vuelto la verdad política. Esto es así porque el argumento de que no hubo falta extrema será difícilmente tragado por los electores que repudian al falso Verde, y que son mayoría.

Es preocupante que una resolución resulte tan costosa para el INE, que es tan valioso para el país, por un falso Verde que es, a todas luces, nada.