n 1994 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) instauró el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Nuestro país ha participado en los diversos espacios y proyectos que en el organismo internacional se han aprobado, y hasta ahora acude regularmente y da cuenta de sus políticas y programas sin que las recomendaciones, que eventualmente recibe, provoquen un cambio de fondo en su quehacer.
Personas indígenas con representaciones diversas, no la directa de los pueblos, han participado en esos escenarios para expresar en algunos casos las legítimas demandas de los pueblos indígenas. Especialmente relevante fue el proceso de elaboración del proyecto de Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y posteriormente su defensa, hasta la aprobación con algunos cambios en 2007. No fue el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya elaboración y aprobación se dio en los ámbitos de los estados parte, los empleadores y trabajadores y ciertamente con el aporte activo de algunos asesores y funcionarios de la OIT.
Este convenio es significativo en el proceso de juridicidad mexicano y se constituyó en herramienta para los propios pueblos indígenas. Hoy cobra adicional relevancia a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, pues contribuye a complementar y enriquecer el texto actual del artículo segundo constitucional, el cual, como sabemos, expresó modificaciones a los Acuerdos de San Andrés que motivaron la suspensión, ya indefinida, del diálogo del gobierno federal con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Anoto estos elementos de manera general para dar cuenta de que, aun cuando más mal que bien, ya existe una normativa en materia indígena que debería permitir su ejercicio a los pueblos indígenas. Sin embargo, existe un grave problema de justiciabilidad y una disputa frente al Estado sobre el sentido y alcance de los derechos logrados.
Bien se ha dicho que los pueblos demandaron autonomía y el Estado les ofrece la supuesta interculturalidad, la cual, por cierto, siempre ha existido, racista, discriminatoria, asimétrica. Hoy nos encontramos con las evidencias de que las normas en materia indígena aparecen subordinadas, o anuladas en los hechos, frente a otras normas con más poder, aquellas que expresan la profundización de la política neoliberal, las que propician concesiones inconsultas para megaproyectos de diverso tipo, y que recientemente han tocado fondo con la avanzada sobre recursos nacionales como el caso del petróleo. Estas normas cuentan con el Estado como elemento activo para garantizar su aplicación a costa de todo, por supuesto también a costa de los territorios indígenas.
Por ello no es casual que los líderes de la resistencia frente a esta política sean criminalizados. Contra el Acueducto Independencia, en Sonora, el yaqui Mario Luna; contra la presa La Parota, en Guerrero, Marco Antonio Suástegui; por las policías comunitarias en Guerrero y Michoacán, Nestora Salgado y Cemeí Verdía Zepeda. A todos les han fabricado acusaciones para convertirlos en ladrones o secuestradores. Y anotamos sólo unos ejemplos, porque hay por lo menos un centenar de conflictos en curso de este rango y están promoviendo recursos jurídicos para su defensa, con la paradoja de que al obtener eventualmente fallos en su favor, como el caso de la tribu yaqui, éstos no se cumplen. También las agendas y discursos de la ONU sufren readecuaciones. El secretario general, Ban Ki-moon, ha reconocido que con demasiada frecuencia las injusticias históricas han resultado en exclusión y pobreza. Las estructuras de poder han creado y siguen creando obstáculos al derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación
. Y agregó: el tema del día este año se centra en la cuestión del acceso a los servicios de la salud. Los pueblos indígenas se enfrentan a numerosos problemas que afectan a su salud y su bienestar, la mayoría de los cuales son claramente evitables, como los servicios de saneamiento deficientes y las viviendas inadecuadas, la falta de atención prenatal, la violencia generalizada contra la mujer, las altas tasas de diabetes, el abuso de drogas y alcohol, el suicidio de jóvenes y la mortalidad infantil. (mensaje 2015).
Problemas agudos, sin duda, que se comparten con amplios sectores de la población no indígena y que abren espacio para legitimar los enfoques asistencialistas que prevalecen en nuestro país, ofrecer apoyos para autoempleo, salud y alimentación que no abaten la pobreza, o becas condicionadas para unos cuantos, que coexisten con esfuerzos serios y marginales por recuperar las lenguas indígenas y formar traductores. Hay muchas formas de eludir la dimensión de la impunidad y falta de justiciabilidad para unos derechos que como los indígenas se han logrado con numerosas luchas, sin embargo lo que salva a los pueblos es su proverbial resistencia.
Como diría Don Quijote: con el neoliberalismo hemos topado.
