Pachuca, Hgo.

Habitantes de la comunidad de San Miguel, municipio de Zimapán, se plantaron frente a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y marcharon por avenida Juárez en protesta por el inicio de operaciones de una presa de jales (depósito de desechos sólidos altamente contaminantes provenientes de la minería) de la empresa El Espíritu, a sólo 10 metros de sus viviendas.

Alejandra Rojas Álvarez, integrante de la agrupación Comunidades Unidas de Zimapán y ex regidora del Partido de la Revolución Democrática, mostró fotografías tomadas hace unas semanas en la presa de jales, en las que se observan tolvaneras de polvo tóxico. Aseguró que los inspectores de la Profepa no han ido a verificar.

Recordó que el 6 de noviembre pasado las autoridades de San Miguel interpusieron ante la Profepa una denuncia contra la presa de jales de minera El Espíritu, propiedad de Rosalía Muñoz, ex alcaldesa del municipio de Zimapán.

Primero nos dijeron que los dueños de la minera no cumplían los requisitos para operar, pero el 27 de febrero de este año la Profepa nos informó que habían ordenado sus documentos, lo que permitió que iniciara operaciones el 10 de julio, detalló.

Citó que, según ambientalistas consultados por Comunidades Unidas de Zimapán, este municipio rebasa en 96 por ciento los limites de contaminantes que prevé la norma 127 de la Secretaría de Salud sobre calidad de agua para uso y consumo humano.

Armando Apaseo Luna subdelegado de la Profepa, aclaró que a esta dependencia no le corresponde dar permisos para la operación de presas de jales, sino a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Indicó que la procuraduría sólo verifica que las normas ambientales se cumplan, con base en las autorizaciones expedidas por la Semarnat.

Al ver las fotos de los inconformes, el funcionario dijo que se puede ver que hay problemas de contaminación y se comprometió a ordenar una inspección.

Después de manifestarse durante una hora frente a la Profepa, los inconformes marcharon por avenida Juárez rumbo a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, donde permanecieron 30 minutos y luego partieron al palacio de gobierno.

Después de tres horas fueron atendidos por funcionarios que les prometieron instalar una mesa de trabajo con empresarios mineros.