Luego de hallar que dependencias federales vulneraron el derecho a una consulta libre, previa e informada, en perjuicio de diversas comunidades indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez, para subsanar esas fallas.

La recomendación está dirigida también a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), que es presidida por Martínez en su calidad de secretario de Agricultura.

La CNDH atendió un caso en el que se acreditó la violación de esas garantías mediante actos y omisiones atribuibles a servidores públicos que otorgaron a una empresa el permiso de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada, sin consultar a los habitantes de diversos pueblos originarios en algunos estados del país.

En las recomendaciones, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, solicitó al titular de la Sagarpa que durante el trámite y resolución del permiso o autorización se efectúe en sus términos la consulta libre, previa e informada para cumplir con el derecho nacional y los instrumentos internacionales en la materia, como previene la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, y se valore la aplicación de medidas para evitar que se afecte este derecho en los municipios involucrados.

Asimismo, exhortó a que se diseñe e imparta a los servidores públicos de la dependencia federal un programa integral de educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos, específicamente los que fueron vulnerados, con el objetivo de evitar que se emitan estos permisos o autorizaciones sin que medien los procedimientos de consulta y participación.

En su carácter de presidente de la Cibiogem, agrega González Pérez en la recomendación de 46 páginas, que se puede consultar en el portal de la CNDH, Enrique Martínez debe impulsar acciones para que se creen mecanismos y medios adecuados para realizar la consulta y participación de las comunidades indígenas asentadas en las zonas donde se pretenda liberar organismos genéticamente modificados, para que se haga efectivo el derecho a dicha consulta.

Además, dar vista al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que, conforme a sus atribuciones, colabore con las comunidades nativas, con el propósito de garantizar su participación durante el procedimiento de consulta previa.