La Procuraduría General de la República (PGR) fijó un plazo de tres meses para realizar una investigación complementaria previa a una audiencia intermedia y al juicio oral que enfrentarán un coronel del 97 batallón de infantería del Ejército Mexicano y tres subalternos, vinculados con la desaparición de siete jornaleros en Calera, Zacatecas.

Durante ese lapso no habrá diligencias en el juzgado federal especializado en sistema penal acusatorio con sede en esa entidad que procesa a los militares.

Fuentes del Poder Judicial Federal (PJF) informaron que el juzgado ya avaló ese periodo en el cual el Ministerio Público Federal realizará peritajes, ampliará testimoniales y recabará nuevas pruebas para fortalecer las imputaciones contra los militares.

A diferencia del procedimiento penal tradicional, en el que las pruebas que se integran durante la averiguación previa son desahogadas en el curso del juicio, en el sistema penal acusatorio existen tres etapas (una de investigación, otra intermedia o de valoración de las pruebas y la que corresponde al juicio oral) previas al dictado de una sentencia. En la etapa judicial la PGR está obligada a aportar pruebas diferentes a las recabadas en la averiguación previa, conocida ahora como carpeta de investigación.

De acuerdo con las fuentes consultadas, de los cuatro militares procesados el de mayor rango es el coronel Martín Pérez Reséndiz, comandante del 97 batallón de infantería.

Antes de ser enviado a Zacatecas, el coronel –con 35 años de servicio en el Ejército– estaba en la Región Militar próxima al estado de Michoacán.

Pérez Reséndiz y tres subalternos están involucrados en la desaparición y muerte de siete jornaleros en el municipio de Calera, el pasado 7 de julio.

Entre los jornaleros había dos mujeres que con sus compañeros fueron sacadas de una casa, torturadas y ejecutadas con el tiro de gracia. El 16 de julio pasado, agentes de la procuraduría de Zacatecas encontraron los cuerpos de los jornaleros en dos fincas del municipio de Jerez.

La averiguación previa que se abrió contra el coronel y los tres militares por homicidio y desaparición forzada fue integrada por la PGR con apoyo de las procuradurías Militar y de Justicia de Zacatecas.

Los acusados fueron internados en una prisión castrense ubicada en Jalisco.