nas horas más tarde de haber sido derribada la Capilla del Santo Cristo, edificación del siglo XVIII catalogada como monumento histórico (número de identificación 01900), el director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Raúl Delgado, señaló el hecho como un acto de barbarie, calificativo con el que coincido. ¡Es una barbarie!, un hecho que afecta el legado cultural de los mexicanos y por el que Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Conaculta interpusieron denuncia ante la Procuraduría General de la República, pues la acción está tipificada como delito por la Ley Federal de Obras, Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

El asunto sabe mal en un país donde se guarda gran estima por el patrimonio y las instituciones se esfuerzan por protegerlo y difundirlo. Es aún más amargo este suceso cuando unos cuantos días atrás se había aprobado un nuevo monumento histórico –el Acueducto del Padre Tembleque–, incorporado a la lista de patrimonio mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Son tantos los ángulos a partir de los cuales debe ser analizado este suceso, que sin duda quedará como un caso de carácter ejemplar por los muchos actores que intervienen y la falta de disimulo en la ejecución del hecho, porque la acción se desarrolló a la vista de muchas personas, en un ejercicio costoso en términos económicos y con aparente anuencia de los vecinos y autoridades locales.

Entre los muchos ángulos desde los que se puede analizar un hecho como éste está el de la diversificación del entramado político del país, lo que produce tensiones entre las políticas públicas de cultura, definidas y desarrolladas por las instituciones públicas de todos los niveles y la vida cotidiana local.

Sorprende la suma de autoridades que miraron de lado: el presidente municipal, el párroco de San Pablo del Monte, el obispo de la diócesis de Tlaxcala y también las autoridades del gobierno del estado, que hasta el momento no se han manifestado.

Y es que mayordomos y vecinos, ante lo pequeño de la Capilla del Cristo y su deterioro, convinieron construir un nuevo templo para las festividades. La nueva edificación está terminada, dado que la capilla representaba, según una autoridad de protección civil, un riesgo a los usuarios porque acusaban de una supuesta desatención por parte de las autoridades de patrimonio. En su debida proporción, la destrucción de la capilla habrá que observarla de la misma manera que lo ocurrido a las ruinas de Palmira en Siria por el Estado Islámico. La destrucción del patrimonio es un hecho lamentable.

Una de las discusiones más relevantes sobre el desarrollo cultural local es que éste tiene como eje los intereses de los ciudadanos en medio de fuertes tensiones que impiden su total autonomía con respecto de los poderes regionales, nacionales e incluso internacionales. Una comunidad local se torna más apreciada para ser intervenida cuando cuenta con muchos y valiosos recursos.

Las autoridades mexicanas han tratado con gran responsabilidad de cumplir con el encargo social de preservar y difundir el patrimonio. Las autoridades locales, por su parte, ven el patrimonio en función de los intereses inmediatos y chocan a veces con las orientaciones nacionales.

Las posibles tensiones entre los intereses nacionales y locales sobre el patrimonio no pueden resolverse con la sencilla frase de que se haga lo que la comunidad desea. Así como no es posible que en aras de cumplir con las tradiciones locales se vulneren los derechos de las personas; tampoco puede comprenderse un acto de destrucción del patrimonio sólo porque una comunidad así lo ha decidido.

El deber de los ciudadanos que tienen responsabilidades políticas o sociales es cumplir con las normas que nos hemos dado para vivir juntos.

* Especialista en políticas culturales y autor del libro La política cultural: temas, problemas y oportunidades