os escenarios electorales se repiten de forma muy similar en los países de gobiernos posneoliberales de América Latina: a las candidaturas de los gobiernos se oponen siempre candidaturas de derecha. Aquéllas cuentan con las políticas sociales redistributivas, éstas con el monopolio privado de los medios de comunicación. Una toca a las condiciones de vida de la gran mayoría, la otra intenta tocar a la conciencia de la gente.

No hay ninguna duda de que los gobiernos de Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador han mejorado de manera sustancial las condiciones de vida de las personas. La redistribución de la renta, la disminución de las desigualdades, el aumento de las posibilidades de que las personas puedan encontrar formas dignas de sobrevivencia: todo apunta en esa dirección, que no es negada ni siquiera por la oposición.

Pero nadie tampoco niega el rol de los medios de comunicación privados, que se han vuelto, hace tiempo, el partido político de la derecha. Así, a menudo las campañas electorales miden los resultados de las políticas sociales en contra de la eficacia de los medios de comunicación.

La efectividad de las políticas sociales va creando un consenso, pero directamente en los medios populares, que suelen votar masivamente por los candidatos de los gobiernos, en quienes ven los méritos de esas políticas y la perspectiva de continuación de ellas. Las capas medias de las grandes ciudades son el blanco privilegiado de las campañas de los medios de comunicación privados, concentrando su acción en difundir la idea de que los países van mal, que el camino escogido por los gobiernos está equivocado, que los estados cobran demasiados impuestos, son corrompidos, debieran restringir sus espacios en función de las iniciativas privadas, no respetan la libertad de prensa, etcétera.

Así como las políticas sociales de los gobiernos posneoliberales son muy similares, las campañas de los medios monopolistas de comunicación parecen realizadas por una misma empresa privada, de tal forma son iguales.

Si los gobiernos tienen problemas actualmente, las alternativas se ubican a su derecha y no a su izquierda. Los candidatos de la oposición –sea en Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina o Uruguay– son los mismos de siempre, a veces hijos de los de siempre. La novedad está en que a veces dicen que van a mantener políticas de los gobiernos actuales, cuando se dan cuenta de que la gente puede querer adecuaciones, pero en el marco de la continuidad de las políticas actuales. Hacen como que van a mantener los avances sociales, pero cuando tienen que revelar su política económica y/o sus futuros ministros de economía, en caso de que ganaran –o si alguien los revela–, se ve que las políticas sociales actuales son absolutamente incompatibles con los enunciados básicos de los personeros conspicuos que asesoran a los candidatos de la oposición.

El poder de los medios de comunicación privados da a la derecha un buen poder desestabilizador, al valerse de campañas de terrorismo económico, de denuncia de supuestos escándalos del gobierno, quitando energía y poder de acción a los gobiernos. Pero esa misma derecha se muestra incapaz de generar candidatos y plataformas vencedoras en las elecciones. Tiene entonces que apelar a esquemas golpistas para intentar romper la continuidad de los gobiernos progresistas. El esquema es similar en países como Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia o Argentina.

Es esencial así romper con el monopolio privado de los medios de comunicación, que mantienen capacidad de influencia incluso en los países donde ya hay ley de regulación de los medios. Pero el objetivo esencial, con o sin esa regulación, es que los grandes sectores de la masa de la población, beneficiarios de las políticas sociales que caracterizan a esos gobiernos, tengan conciencia social de sus derechos y de qué fuerzas representan la garantía de esos derechos y cuáles representarían su término.

Total, es necesario construir en el conjunto de la sociedad la hegemonía de las políticas posneoliberales, ante todo la prioridad de las políticas sociales redistributivas, lo cual significará el punto de no retorno de esos gobiernos.