La puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal requiere para el año entrante más de 4 mil millones de pesos de apoyo federal para los estados. Sin embargo, ante la situación presupuestal prevista para 2016, se tomarían alternativas como no construir sino arrendar algunos inmuebles y traspasar recursos humanos y materiales.

Para el año que transcurre fueron dispuestos, de manera directa a las entidades, poco más de mil millones de pesos para apoyarlos en capacitación y asistencia técnica.

Hemos hecho un cálculo, con las entidades federativas, de cuánto se requeriría para el año entrante y son aproximadamente 4 mil millones de pesos para poder aplicar el sistema. Se buscado otros financiamientos para la construcción de infrastructura y equipamiento, dijo María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del consejo de coordinación para la puesta en marcha del sistema de justicia penal.

Lo anterior, para cumplir con el plazo legal para este cambio: 18 de junio de 2016. Adicional a las partidas por este concepto, habrá otros subsidios millonarios, dentro de los conceptos distribuidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública; también habrá apoyos procedentes del gobierno de Estados Unidos, concedidos en el contexto de la Iniciativa Mérida, para la operación de salas de oralidad.

El nuevo sistema implica también el reto de capacitar a 350 mil policías municipales y estatales de todo el país, en un contexto de rezagos en las propias corporaciones y en las procuradurías.

El estado de México, una de las entidades catalogadas con mayor avance en el nuevo sistema, fue motivo de una alerta de género por los altos índices de violencia contra las mujeres y la impunidad ante estos hechos.

Al respecto, la funcionaria dijo en conferencia de prensa que se ha reunido con los responsables del sistema judicial y de procuración de justicia y, en efecto, se han detectado áreas de oportunidad para la operación del sistema identificado generalmente como el de juicios orales.