as tumbas del Cementerio General de Guatemala se deslizan poco a poco hacia el basurero. Más de dos decenas de ellas han caído ya por una ladera vertical que da al barranco en el que la humana pobreza extrema compite por el alimento con la repugnante majestad de los zopilotes. En su camino al fondo los mausoleos familiares han dejado un reguero de lápidas, esculturas, ataúdes, huesos y nombres de bronce que alimentan las pilas de desperdicios. Una parte del camposanto capitalino ha sido cerrada ya a las visitas y sólo se admite el paso a quienes llegan a exhumar a sus difuntos. En las hileras de pequeñas construcciones góticas, neoclásicas y modernas más próximas al abismo pestilente sólo quedan los nichos abiertos y vacíos que atestiguan la mudanza apresurada. El barranco avanza y no faltan las teorías conspirativas; por ejemplo, que una empresa minera ha estado socavando sus acantilados de manera furtiva porque bajo el cementerio se sospecha que hay un gran filón de oro. Cierto o no, el lento deslizamiento de la necrópolis hacia el botadero municipal es un símbolo desconsolador de la lucha contra el olvido, la descomposición general y la entropía.

Desde abril pasado esa lucha también ha adquirido un carácter de urgencia en el mundo de los vivos. Todo empezó por las imputaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en contra de dos decenas de funcionarios del gobierno del general Otto Pérez Molina (aún en la presidencia) por defraudación fiscal. Entre ellos se encontraban los secretarios del aún presidente Otto Pérez Molina y de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, y directivos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Aunque Baldetti y Pérez Molina no han sido directamente implicados, hay indicios de su participación en la organización delictiva La Línea, urdidora de fraudes y desfalcos, y la primera fue obligada a renunciar en mayo pasado en el contexto de movilizaciones populares masivas. De entonces a la fecha la CICIG ha extendido sus denuncias por corrupción a buena parte de la clase política guatemalteca, incluidos los integrantes del Congreso en su conjunto (los diputados han repartido, al mejor postor o entre sus allegados, centenares de plazas fantasma), y ha señalado por medio de su titular, el comisionado Iván Velásquez, que en el país la actividad política está financiada por la corrupción. Las empresas extranjeras PISA (mexicana, medicamentos), M. Tarcic Engineering Ltd. (israelí, control de daños ambientales), Jaguar Energy (energía, filial de la texana AEI) y otras han sido señaladas como operadoras de negocios sucios al amparo de la corrupción que pudre a la institucionalidad. Un ex presidente del Congreso, un ministro de Gobernación, una ministra de Medio Ambiente, y un presidente del banco central están en la picota judicial y tal vez la ex vicepresidenta Baldetti sea extraditada a Estados Unidos. Aunque el aspirante presidencial que encabeza las preferencias de voto hacia las elecciones generales programadas para el próximo 6 de septiembre, Manuel Baldizón (partido Líder), tiene fama pública de narco, la CICIG no lo ha tocado en sus revelaciones, pero su compañero de fórmula, Édgar Barquín, enfrenta un antejuicio por lavado de dinero. Como el cementerio, la clase política se desliza al basurero. Y para colmo, por estos días el ex dictador Efraín Ríos Montt busca refugio en un manicomio para escapar a las acusaciones en su contra por genocidio.

Hay que decir también que la trama de la corrupción tiene una contratrama de la investigación por parte de la CICIG: muchos piensan que las explosivas revelaciones de esa poderosa instancia internacional han sido posibles gracias a los Niños Cantores de Miami, una serie de delincuentes que fueron extraditados y que desde Florida proporcionaron a la CIA y a la DEA gringas algunos de los pormenores de la vinculación entre los políticos y las diversas especialidades de la delincuencia organizada. En todo caso, Washington y la embajada de Estados Unidos en el país centroamericano desempeñan un papel abierto y descarado en la demolición del gobierno aún en curso y de los partidos en general. Las masivas protestas contra la corrupción que tienen lugar tanto en Guatemala como en la vecina Honduras han recibido el respaldo del consejero del Departamento de Estado Thomas Shannon, quien hace unos días, en Madrid, elogió a la juventud que ha tomado las calles en ambos países porque no tiene miedo a la represión y dijo que si bien la Casa Blanca considera socios a los gobiernos correspondientes, los insta a respetar las protestas.

En Guatemala las marchas se suceden desde abril, tienen varios epicentros, protagonistas múltiples y hasta contradictorios, consignas claras y ninguna dirigencia, o bien muchas. En el G4 se reúnen representantes de la Iglesia católica, Alianza Evangélica, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) –esta última hospeda las reuniones de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, en la que confluyen organizaciones indígenas y campesinas, sindicales, estudiantiles y juveniles, de genero y derechos humanos–; la Asamblea Social y Popular, que agrupa a gente de 72 comunidades; la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC); el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y grupos de intelectuales y activistas. En la larga mesa de reuniones ubicada en el paraninfo universitario se sientan también representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el organismo patronal de la oligarquía tradicional y al que se señala como cerebro de cuantas políticas represivas, antipopulares y antidemocráticas fueron aplicadas en el pasado reciente en el país centroamericano, ya fuera por medio de dictaduras militares desembozadas o democracias de fachada. Hay recelos mutuos (cómo no) y desacuerdos profundos, pero más o menos todo mundo allí encuentra que es indispensable posponer el proceso electoral, reformar la ley correspondiente y convocar a una asamblea constituyente. Casi todo mundo piensa que Pérez Molina carece de autoridad moral para seguir al frente del Estado, y no necesariamente por sus antecedentes como militar genocida (durante la dictadura de Ríos Montt) sino porque está justo en el centro de un entramado de corrupción.

Los diputados en el Congreso se han puesto tapones en los oídos para no escuchar el clamor social. Otro tanto ocurre con los magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE), quienes insisten varias veces al día en mantener los comicios del 6 de septiembre contra viento y marea, en dar más importancia a la letra que a su espíritu y en proclamar que el pueblo forja su propio destino a través del voto. El problema es que no hay en el escenario político del presente un aspirante viable y con autoridad moral al cual otorgárselo y que la institucionalidad política ha sido exhibida como una mera máquina para hacer dinero por medios ilícitos. Por ello, desde abril, sábado tras sábado, ciudadanos de todas las edades, géneros, etnias y condiciones sociales se reúnen en el Parque Central de la capital para exigir decencia. A unos kilómetros de allí el Cementerio General prosigue su deslizamiento hacia el barranco de la basura.

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