reserva de lo que nos digan las investigaciones del caso, Rubén Espinosa es otra posible víctima de la inseguridad en que realizan su trabajo miles de reporteros en México. El asesinato de Rubén nos recuerda, desgraciadamente, la debilidad de la libertad de expresión y la vulnerabilidad de millones de personas. Cualquiera puede ser asesinado por el solo hecho de existir y vivir en México, pero no todos reciben un tiro de gracia, y menos en un supuesto asalto como se ha querido presentar el caso.
Si se trata de crímenes de grupos delincuenciales conocidos por la policía o de ésta actuando por corrupción e intereses inconfesables, da lo mismo, pues en la práctica todos son iguales y usan la impunidad imperante para hacer de las suyas contra todos aquellos que les son molestos por una u otra razón. Los que informan lo que ocurre diariamente son, obviamente, los más incómodos para quienes quieren actuar y actúan en la ilegalidad tratando de ocultar lo que hacen. Los periodistas son los que revelan lo que muy pocos saben, son los que incluso hacen investigaciones que debieran realizar los órganos de gobierno, que no cumplen cabalmente con su función. Los periodistas, sobre todo de diarios y revistas con mayores grados de independencia, son los que destapan la enorme cloaca de la corrupción y del crimen que cada día son menos soportables en el país.
México ya goza de la triste fama de ser una de las naciones más inseguras del mundo para quienes ejercen el periodismo (y para ciudadanos comunes). En la clasificación mundial de la libertad de prensa ocupa un lugar compartido con los países con peores evaluaciones (véase), según Reporteros sin Fronteras (datos de 2015).
Vivir como si estuviéramos en guerra o como si gobernara una dictadura no es lo que se supone que debe garantizar un país que se ostenta como democrático. De nada sirven el derecho a la información y la transparencia contemplados en nuestra legislación. Las complicidades se ocultan bajo el tapete, y si esto no es suficiente se amenaza y se asesina a quienes osan levantarlo para mostrar lo que se esconde.
Un gobierno, federal o estatal, que no puede garantizar la seguridad pública ni acabar con o controlar a los criminales, es ineficaz, débil y rehén de quienes delinquen o se ocultan entre los mandos oficiales sospechosos de complicidades al margen de la ley. Es decir, no es gobierno sino, en el mejor de los casos, administrador de los bienes públicos, no siempre (o casi nunca) en favor de las mayorías de la población.
Desde el foxismo hasta la fecha han muerto o desaparecido decenas de miles de personas (sobre todo con Calderón y Peña) y más de 100 periodistas (según datos oficiales). Se ha querido dar a entender que todas esas muertes se han debido al crimen organizado. Podemos aceptar que éste ha sido el principal culpable, pero todos sabemos que en muchos casos han estado también involucrados ciertos mandos de órganos estatales, incluso militares: desde presidentes municipales hasta gobernadores y “ zares antidrogas” (Gutiérrez Rebollo, por ejemplo). La fuga de El Chapo es otro ejemplo de ineficiencia gubernamental y, en ciertos niveles, de corrupción y complicidad que deberán ser investigadas no con lupa sino con microscopio electrónico.
La guerra contra el crimen organizado y sus daños eufemísticamente llamados colaterales
han sido más que desproporcionados si tomamos en cuenta el consumo de drogas ilícitas en el país. Los datos reflejados por la más reciente Encuesta Nacional de Adicciones expresan que el consumo de drogas, incluso de mariguana, es irrelevante como para haber desatado tantos demonios en su contra. Más bien parece que se están obedeciendo órdenes de Estados Unidos, tanto para que el precio de las drogas aumente (el equivalente de lo que se quiere hacer con el tabaco subiendo sus impuestos para disminuir su consumo), como para vender armas a nuestro país y aumentar la injerencia estadunidense en México. Lo grave es que al atacar improvisadamente a los grupos delincuenciales han surgido muchos otros con más giros de negocios
y sin el control tradicional de los grandes capos: no sólo drogas y trata de personas, sino también extorsión, secuestro, robos y asaltos, etcétera y, algo que podría ser peor, venganzas gratuitas contra la población inocente sólo para mostrarle al gobierno que por uno que éste mate ellos pueden matar a 10 y sembrar regiones enteras de miedo e inseguridad, es decir, exhibir a las instituciones de gobierno como ineficientes. No parece casualidad que la aprobación ciudadana sea tan baja para muchos de nuestros gobiernos estatales y el federal.
El asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, y de las otras víctimas que estaban con él, no puede quedar impune, como hasta la fecha –después de más de tres años– ha ocurrido con la también periodista Regina Martínez, para citar uno de decenas de ejemplos. Los mexicanos demandamos, exigimos en realidad, la seguridad suficiente para no vivir con miedo ni amenazados… y para ser informados con la mayor objetividad posible.
