Guadalajara, Jal.

El Instituto de Derecho Ambiental (Idea) denunció que los gobiernos de Colima y Jalisco buscan criminalizar a Eduardo Mosqueda Sánchez, pasante de abogado de esa organización y el único de los 34 detenidos que permanece preso en la capital de la primera entidad tras el plantón que cientos de indígenas del ejido de Ayotitlán, Jalisco, realizaron en la mina Peña Colorada el pasado 22 de julio.

Mosqueda Sánchez acompañó a los nahuas que demandaban más de mil millones de pesos por 50 años de usufructo de mil 200 hectáreas que, aseguran, son de su propiedad, pero los agredieron y 34 manifestantes fueron detenidos.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, acudió a Colima para negociar la liberación de los indígenas, pero acordó con su homólogo, Mario Anguiano, mantener preso al pasante y acusarlo de privación ilegal de la libertad y robo calificado, aseveró el Idea.

Carlos Veyna, director general de Idea, afirmó que en las negociaciones entre los mandatarios, también participaron directivos de la minera que explota el yacimiento de hierro más grande del país, en los límites entre ambos estados y ejidatarios de Ayotitlán que se oponen a reclamar indemnización.

Mantener a Eduardo en prisión es una forma de amedrentar a las organizaciones de la sociedad civil. Idea ha estado siempre del lado de la representación ejidal. Este año presentamos a la Comisión Nacional Indígena un proyecto de defensa territorial y reconocimiento de decretos del ejido en Ayotitlán, que fue autorizado, expuso.

Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta de Idea, informó que tramitan tres amparos: uno contra el auto de formal prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad, despojo y robo calificado; otro contra el auto de sujeción a proceso dictado contra los 33 nahuas por despojo, y un tercero contra las órdenes posibles de aprehensión que haya en contra de otros miembros de Idea del comisariado ejidal de Ayotitlán.