La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mayoritaria en el Congreso de Colima, rechazó un punto de acuerdo presentado por el Partido Acción Nacional (PAN) para volver a revisar las cuentas del gobierno estatal correspondientes a 2012 y 2013, y aclarar las de 2014 y 2015, por considerar que el gobernador Mario Anguiano desvió fondos públicos a gastos personales.

Ante la negativa, las fracciones panista y del Partido de la Revolución Democrática abandonaron la sesión de ayer.

El diputado panista Fernando Antero sostuvo que se ha hecho evidente el uso de recursos públicos para fines distintos a los presupuestados, contrataciones excesivas y no autorizadas de personal, falta de pago de pensiones y becas, y la violación reiterada de los derechos humanos y laborales de trabajadores gubernamentales, quienes han sido despedidos en forma ilegal o se les paga con retraso o se les retiene parte de su salario.

Agregó que el gobierno de Colima padece inestabilidad financiera. El déficit anunciado por el gobernador, de mil 598.5 millones de pesos, es la mejor prueba de que los recursos públicos están siendo malversados.

Destacó que la administración estatal erogó entre 2012 y el año pasado 584 mil 640 pesos por rentar un inmueble escriturado a nombre de Rebeca Alexandra Herrera Díaz, vinculada con Anguiano.

El diputado priísta Martín Flores argumentó que el tricolor se opuso porque los ejercicios fiscales 2012 y 2013 ya fueron calificados y aprobados, y los de 2014 y 2015 aún no se analizan, pero lo vamos a hacer de manera exhaustiva.

En tanto, el secretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera, pidió al Congreso local autorización para contratar créditos bancarios por 3 mil millones de pesos, que se usarían para completar el presupuesto de este año para obras de infraestructura social.

Ante integrantes de la comisión de planeación, presupuesto y hacienda, el tesorero de Chihuahua planteó además crear un fideicomiso para que administre los ingresos de cuatro puentes internacionales en Ciudad Juárez, que el gobierno federal entregará al estado, a fin de que los recursos recaudados (unos 250 millones de pesos anuales) se destinen a mejorar las calles de la localidad.