Colima, Col.

Un grupo de ancianos se manifestó frente al Congreso local para pedir que los diputados intervengan a fin de que les paguen el subsidio del programa Pensiones Alimenticias del Instituto para la Atención de Adultos en Plenitud, que no han recibido en 10 meses.

El viernes, el gobernador priísta Mario Anguiano Moreno anunció en rueda de prensa el despido de mil 50 trabajadores y dijo que dicho programa tendrá que esperar a causa de la crisis financiera que atraviesa su administración.

Antonio Suástegui Rentería, coordinador del Movimiento Integrador de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, dijo que los recursos para ese subsidio ya estaban presupuestados.

Acusó a las autoridades estatales de negarles el apoyo con el argumento de que muchos ya reciben asistencia del programa federal 65 y Más. Explicó que la ayuda consta de 20 pesos diarios, que los beneficiarios utilizan para alimentos y medicinas.

En un comunicado emitido después de reunirse con el mandatario, empresarios de diferentes asociaciones calificaron de insuficientes y tardías las medidas para hacer frente a la crisis financiera de su administración.

Instaron al mandatario a que el gobierno estatal y los municipales cumplan de inmediato sus compromisos laborales, con proveedores y con bancos.

Demandaron que a más tardar en dos semanas se elabore un diagnóstico preliminar del problema, que incluya sus causas, para darlo a conocer a la opinión pública.

Entre las asociaciones inconformes destacan la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de Colima.

Hacemos un enérgico reclamo a los diputados de la actual legislatura ante la notoria omisión en sus funciones de vigilancia del ejercicio del gasto público, que hace patente que la función del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización no se ha cumplido. Lo mismo se aplica a la Secretaría de la Contraloría. Exigimos que la secretaria de Finanzas (Blanca Isabel Ávalos) rinda cuentas al Congreso y se informe a los ciudadanos de esta comparecencia, expusieron.

Las medidas de reducción del gasto anunciadas son necesarias, aunque es importante hacer notar que, dada su tardía aplicación, su efecto será insuficiente para resolver el problema, subrayaron.