Cancún, QR.

Pese a haber sido impugnada por la mayoría de los periodistas de Quintana Roo, quienes la consideran un proyecto para afianzar el control del gobernador Roberto Borge Angulo sobre los medios de comunicación, el Congreso local aprobó la polémica Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bautizada como ley Borge.

Para dar seguimiento a su aplicación se creará un sistema estatal para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, que estará encabezado por el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría; el procurador general de Justicia del estado, Gaspar Armando García Torres, y el secretario de Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader Rodríguez.

Según la organización Artículo 19, de 2000 a la fecha han ocurrido en Quintana Roo 42 agresiones contra periodistas, sólo por debajo del Distrito Federal, con 85.

El proyecto fue modificado en comisiones unidas: se eliminó la norma relativa al acceso a fuentes de información, que estipulaba que sólo podrían entrar a los actos públicos periodistas debidamente acreditados.

Previamente, en un comunicado se precisó que la iniciativa restringía los derechos de los comunicadores, encubría los abusos de las autoridades y omitía prácticas de éstas, como sus campañas de desprestigio en redes sociales.

Ante el rechazo de los comunicadores, las iniciativas enviadas por Borge Angulo y por el diputado panista Sergio Bolio Rosado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, fueron fusionadas.

Por medio del sistema quintanarroense para proteger defensores de derechos humanos y periodistas, el estado deberá garantizar los derechos a la vida, a la integridad física, sicológica, moral y económica, a la libertad y la seguridad cuando estén en riesgo con motivo de su actividad, así como de sus familiares o personas vinculadas.

Un avance es la creación de un fondo para protección de defensores de derechos humanos y periodistas, y la imposición de “pena de prisión y destitución e inhabilitación (…) contra autoridad o funcionario que, abusando de su cargo suspenda, clausure o censure algún medio escrito o impreso o impida su circulación o difusión, o recoja ediciones de libros o periódicos, evitando su publicación”.

La nueva norma, aprobada por 21 votos a favor y uno en contra, consta de nueve títulos, 64 artículos ordinarios y cinco transitorios. Entre otros puntos, estipula el derecho al secreto profesional para reservar fuentes de información.

El gobernador se ha negado a aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la ilegal detención de Pedro Canché, el periodista que pasó nueve meses en prisión por cubrir una protesta contra el alza del agua en el municipio maya de Felipe Carrillo Puerto.

La CNDH documentó los agravios a Canché y recomendó instruir al personal de procuración de justicia sobre la importancia de la libertad de expresión, así como ejercer acción penal contra el ex director de la cárcel, Luis Alfonso Maldonado Pérez, por permitir que golpearan a Canché.

Además, aún hay agravios sin aclarar, como la clonación de la publicación Las Luces del Siglo, los ataques a Noticaribe y las campañas con usuarios pagados o afines al gobierno (conocidos como bots) para difamar y calumniar en Internet a periodistas independientes.