El Comité Permanente de Control y Seguimiento (Copecose) de la Procuraduría Agraria –en el que participan agrupaciones campesinas– propuso un recorte de casi 67 mil millones de pesos al presupuesto para el campo para el año próximo y sugirió bajas sustanciales a programas como el de fomento a la inversión y productividad; ganadería, aseguramiento y desarrollo de mercados, entre otros, que las agrupaciones han señalado que sólo benefician a agroempresarios y monopolios nacionales e internacionales.

En el contexto de las discusiones generadas por la propuesta de la Secretaría de Hacienda (SHCP) y Crédito Público de presupuesto base cero, la Copecose sugiere un presupuesto para el sector rural de 286 mil 593.2 millones de pesos.

Los programas que, de acuerdo con su evaluación, deben conservar los mismos montos que este año son: incentivos a la comercialización; innovación tecnológica y extensionismo; fondo de apoyo a proyectos productivos en núcleos agrarios; sistemas producto agrícolas; a todos los relacionados con la productividad, bioseguridad y repoblamiento pecuarios, incluyendo mantenimiento y reconversión de praderas; minería social; recursos genéticos agrícolas y acuícolas; certificación a la productividad agroalimentaria; sanidad y rastros TIF; forestal; educativo rural; los relacionados con el aspecto laboral; atención a desastres naturales y a indígenas; Prospera; abasto; programa alimentario; infraestructura hidroagrícola, y los vinculados con la salud rural.

La propuesta reitera que los apoyos del Proagro productivo sean para extensiones máximas de 20 hectáreas –actualmente se otorgan apoyos a quienes tengan hasta 100 hectáreas–; aconseja que el gasto administrativo de la Secretaría de Agricultura se reduzca en 4 mil 197.6 millones de pesos, mientras la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano debe tener un aumento de 171.6 millones de pesos.

Propone que los institutos Mexicano de Tecnología del Agua; Nacional de Pesca y Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, así como los programas de desarrollo de capacidades e infraestructura educativa tecnológica sean trasladados a la Secretaría de Educación Pública.

Por su bajo impacto, plantea, no deben asignarse recursos a agroclúster; fortalecimiento a la cadena productiva; planeación de proyectos; programa nacional de desarrollo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo; sistema de agroparques, y coordinación para la integración de proyectos.