n el marco de la inauguración de un encuentro internacional, el representante en México de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Fernando Soto Baquero, señaló que en nuestro país los indicadores de pobreza se han mantenido durante muchos años; afirmó que la reducción de esa condición en diversas naciones de América Latina se debió a las altas tasas de crecimiento económico, pero también a políticas de combate a la desigualdad de los ingresos, protección social e integración económica, y afirmó que no hay país en América Latina que mida de mejor forma su situación de pobreza que México.

Esta última afirmación es cuando menos discutible. La elaboración y el manejo de las cifras oficiales en el país han sido objeto de críticas demoledoras por sectores académicos y sociales y es muy baja la credibilidad de los indicadores entre la sociedad en general.

Un ejemplo característico es el porcentaje de desempleo abierto en México, que en las mediciones gubernamentales siempre aparece varios puntos por debajo del que impera en Estados Unidos. En el caso de la pobreza, se ha señalado que el método empleado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) tiende a minimizar los números de la pobreza, entre otras razones porque emplea umbrales de ingreso muy bajos, requisitos insuficientes de vivienda y excluye del conjunto de pobres a lo que llama población vulnerable por ingreso o por carencias sociales.

De la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que realiza cada dos años el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se afirma que subestima el nivel de ingresos y de gastos por la renuencia de muchos encuestados a declarar sus ingresos reales y por la imposibilidad de encuestar al sector más rico de la población, lo que contribuye a disimular el grado de desigualdad. Pero si en las propias cifras del Coneval se suma al conjunto de los pobres (46.2 por ciento en 2014) los correspondientes a los de población vulnerable (por carencias sociales o por ingresos), se concluye que casi 80 por ciento de los habitantes del territorio nacional se encuentran en situación de pobreza. Otro criterio insólito: para ubicar a un hogar de cuatro personas en el segmento de la clase media, el Inegi establece un ingreso familiar de 14 mil pesos, lo que dividido entre los cuatro integrantes da 3 mil 500 pesos por persona. O bien, basta con que la casa en cuestión tenga al menos una computadora, que cada integrante gaste en promedio 367 pesos mensuales (o 12 pesos diarios) en alimentos fuera del hogar, cuando menos uno tenga tarjeta de crédito y por lo menos uno cuente con trabajo formal; que el hogar esté encabezado por alguien con nivel educativo mínimo de preparatoria y esté casado.

En cuanto al manejo de los datos, baste con recordar dos ejemplos de distorsión: en 2005 el gobierno de Vicente Fox mandó elaborar una encuesta de ingresos y gastos fantasiosa y a modo (La Jornada, 3/10/06); seis años después, en 2011, el gobierno calderonista y las dirigencias de PRI, PAN y PRD se pusieron de acuerdo para no divulgar los datos de pobreza del Coneval hasta después de las elecciones legislativas de ese año, según se desprende de un cable de Wikileaks (La Jornada, 14/2/11).

De modo que si las cifras oficiales indican una caída de 3.5 por ciento en el ingreso trimestral de los hogares en los primeros dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto, y si según esos mismos datos el número de pobres se incrementó en dos millones de personas, para pasar de 53.3 a 55.3 millones, resulta por demás probable que el panorama social real sea mucho más grave que el de por sí alarmante escenario dibujado por esos números.

En cambio, Soto Baquero acierta al señalar la inamovilidad de los índices de pobreza. Coincide en ello con un informe difundido en marzo pasado por el Banco Mundial (Prosperidad compartida y erradicación de la pobreza en América Latina y el Caribe), en el que se afirma que la tasa de pobreza en el país es básicamente la misma que existía en 1992, es decir, hace 23 años.

La semana pasada, tras la difusión del informe más reciente de la Coneval, el presidente Peña Nieto reconoció que la política social no ha sido suficiente, sí para contener el aumento de pobreza; sí para evitar que ésta creciera. Los datos oficiales, sin embargo, señalan otra cosa.

Salta a la vista que ninguna política social bastaría para reducir la exasperante y lacerante condición de pobreza que padece más de la mitad de la población ni para contrarrestar los efectos de largo y corto plazo de la política económica a la que se han aferrado todos los gobiernos del ciclo neoliberal –el actual incluido–, a pesar de la sostenida evidencia de que constituye una verdadera fábrica de pobres.

En ésta y en otras materias es tiempo de un viraje.