En la ceremonia inaugural del conversatorio Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, destacó que en el ámbito legislativo aún hay trabajo pendiente, ya que sólo 22 estados tienen reconocimiento constitucional de ciertos derechos de los pueblos y comunidades indígenas, más de dos décadas después de las reformas federales de 1992 y más de 14 años después de las realizadas en 2001.

Afirmó: En el país existen lastimosas violaciones a los derechos de indígenas y comunidades. Dichos atropellos se desarrollan en un ambiente de desigualdad, discriminación y pobreza, que a pesar de esfuerzos y avances en la materia persisten y constituyen un obstáculo que debemos vencer para lograr el respeto pleno a las garantías de nuestros pueblos originarios y de la sociedad en general.

Ante decenas de mazahuas, huicholes, otomíes, tzeltales y yaquis, entre otros, el ombudsman nacional señaló que, a pesar de los esfuerzos y el trabajo realizados por los pueblos indígenas, así como por distintos actores sociales y autoridades para mejorar su nivel y calidad de vida, nuestros pueblos indios viven en condiciones precarias y de desigualdad.

México, sostuvo el titular de la CNDH, no puede voltear la cara a sus pueblos y comunidades indígenas. La atención y respuesta a sus problemas y demandas, con dignidad y respeto a sus distintas culturas e identidades, es un pendiente que nos incumbe como sociedad y nación. La prosperidad, la paz y el desarrollo, al que todos aspiramos en nuestro país, sólo serán posibles con el acompañamiento e inclusión de nuestros pueblos originarios.

Por su parte, el doctor Rodolfo Stavenhagen, ex relator de la Organización de Naciones Unidas e investigador de El Colegio de México, pidió al ombusdman que a finales de año presente un informe sobre la situación de los derechos de los indígenas en el país, con los resultados de los conversatorios, la participación de comunidades, las comisiones Nacional y estatales de Derechos Humanos, y dependencias federales y estatales, porque hay un rezago entre las normas y su aplicación para favorecer a las comunidades indígenas.