El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inauguró este lunes cuatro centros de justicia penal, que incluyen salas para juicios orales, en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, con lo que suman ocho centros similares en todo el país.

Por mandato constitucional, el nuevo sistema de justicia penal, que incluye juicios orales, deberá operar en todo el país, tanto a escala federal como local, a más tardar en junio de 2016.

En abril pasado, el CJF lanzó su convocatoria más ambiciosa para designar a jueces del nuevo sistema penal acusatorio, al tiempo que hizo una transferencia millonaria para incrementar en casi 38 por ciento el saldo del fideicomiso con el que fondeará la infraestructura necesaria.

Según reportes de la Judicatura, hasta ahora mil 203 aspirantes han sido admitidos a seis concursos regionales para designar a 150 jueces del nuevo sistema, que cumplirán tanto funciones de control como de enjuiciamiento.

Treinta juzgadores están a cargo de los centro regionales en Puebla, Durango, Zacatecas y Yucatán, donde opera el nuevo sistema para delitos federales desde enero pasado, mientras que otra treintena de jueces inician labores este lunes en los centros de justicia de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.

La construcción de los centros de justicia se realizó mediante el dinero del Fideicomiso para la Infraestructura de la Reforma Constitucional en Materia Penal.

Los fondos acumulados ascienden a 2 mil 405 millones de pesos, un incremento de 37.8 por ciento respecto al cierre de 2014.

El aumento se debió casi por completo a una transferencia de 759 millones de pesos provenientes del presupuesto de egresos 2015 del propio CJF.

Desde enero pasado, el órgano administrativo del Poder Judicial transfirió al fideicomiso la totalidad de los 759 millones que la Cámara de Diputados le autorizó este año para el capítulo presupuestal inversiones financieras y otras provisiones.

Entre octubre y noviembre pasados, el CJF había agregado otros mil 534 millones de pesos al fideicomiso con partidas presupuestales de 2014, con lo que ha subsanado la negativa de la Cámara para autorizar fondos expresamente etiquetados para la reforma penal.

El CJF había requerido a la Cámara 2 mil 637 millones de pesos para construir ocho centros de justicia penal en 2015, pero solo recibió mil 104 millones, 41.8 por ciento de lo solicitado.