La Procuraduría General de la República (PGR) tiene la obligación de atraer, mediante su fiscalía especializada, el caso del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, como dispone la reforma aprobada en abril a los códigos federales Penal y de Procedimientos Penales, así como a las leyes orgánicas del Poder Judicial y de la procuraduría, señalaron legisladores de varios partidos.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD demandó que Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz –entidad en la que trabajaba el fotógrafo y donde recibió amenazas– también sea objeto de investigación.

Legisladores de PRD y Morena presentarán este martes un extrañamiento a la PGR y al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, por no aplicar el protocolo en favor del fotorreportero en el momento en que éste hizo públicas las amenazas en Veracruz.

Roberto López Suárez (PRD), integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, dijo que es preferible mantener a la PGR en el estatus de colaboración y que la procuraduría capitalina continúe con el caso, porque es garantía de que las investigaciones serán objetivas.

Informó que en los próximos días diputados de la comisión presentarán un informe sobre el aumento de casos de asesinato, acoso y presiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, con un repunte que alarma en el caso de Veracruz.

Por otro lado, cuestionado respecto de las acusaciones públicas que señalan a Javier Duarte, el presidente del PRI, César Camacho Quiroz, consideró necesario que la investigación concluya en encontrar a los responsables del crimen, para deslindar cualquier implicación política. Antes, cualquier versión hace daño a la convivencia social y a la armonía entre los gobiernos y el periodismo, al que respetamos porque es indispensable para el correcto ejercicio de la actividad política.

El PRD lamentó estos crímenes. Demandó castigo a los responsables y confió en que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) agote todas las líneas de investigación para impartir justicia de manera eficaz.

En tal sentido, Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, y sus funcionarios también deben ser investigados a fin de descartar las hipótesis que los relacionan con este lamentable hecho, debido al clima de hostilidad que contra los periodistas prevalece en aquella entidad, indicó.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la Peña, manifestó que el multihomicidio indigna a la sociedad entera porque ocurre en medio de una situación de violencia e impunidad totales.

Destacó que las fallas en el Mecanismo para Proteger a Periodistas y Defensores de derechos Humanos tienen origen en la incapacidad y negligencia de las autoridades estatales, porque ahí es donde ocurren amenazas, desapariciones y homicidios, y en muchos casos tienen participación funcionarios públicos.

El presidente de la Comisión de Seguimiento de Agresiones a Periodistas del Senado, el petista Marco Antonio Blásquez, demandó al gobernador de Veracruz remover a su ayudantía y a los mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública local, como muestra de colaboración en la investigación delcaso.

Abundó que la PGR no sólo debe atraer el caso, sino que asigne a un fiscal específico, al que se debe dotar de recursos y personal necesarios.