Empresarios y organizaciones sociales exigieron al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, poner un alto a la impunidad con que las bandas de delincuentes actúan en la ciudad de México, pues las ejecuciones son cada vez más frecuentes, sin que la Secretaría de Seguridad Pública y la procuraduría capitalina hagan algo para detener esta espiral de violencia.

Calificaron de absurdo que el robo sea el móvil del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa –que junto con cuatro mujeres fue torturado y ejecutado incluso con el tiro de gracia en un departamento de la colonia Narvarte–, cuando existen antecedentes de que estaba amenazado, igual que una de las mujeres que era activista, por lo que se trasladaron de Veracruz a la capital.

Hoy, consideró la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Dinorah Pizano, es necesario publicar la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, aprobada el pasado 8 de julio, con el fin de darles garantías legales.

Además, operar medidas preventivas, de protección urgente y de carácter social, en favor de quien esté en situación de riesgo, aun cuando no sean oriundas de la capital, en un lapso no mayor a 10 días hábiles, aunque si la petición es de carácter urgente deberá implementarse de manera inmediata.

Guillermo Gazal, presidente de Procentrhico, se demuestra claramente cómo bandas de delincuentes ligados al crimen organizado actúan con completa libertad en la ciudad, con la tranquilidad de que no serán perseguidos porque para las autoridades no hay crimen organizado.

El multihomicidio se trata de un caso contra la libertad de expresión y un feminicidio que los entes competentes deben esclarecer, afirmó Víctor Manzanares, dirigente del Congreso Popular, Social y Ciudadano del DF.