Diez horas de trabajo diarias, sin días de descanso, laboran menores de edad y adolescentes en el corte de chile en Guanajuato. Ganan unos 20 pesos por costal –que pesan unos 30 kilos– y, en promedio, cortan más de 150 kilos por jornada.

El informe Jornaleros agrícolas migrantes y comerciantes ambulantes, del Centro de Desarrollo Indígena Loyola de Guanajuato, documenta las condiciones de los niños jornaleros que cada año emigran, a veces solos, otras con sus padres, a ocho municipios de ese estado, el cual registra anualmente el arribo de cerca de 3 mil campesinos indígenas na savi, mixtecos provenientes de la montaña de Guerrero.

De estos jornaleros, entre 30 y 40 por ciento son menores de edad que cortan chile y tomatillo.

En estos campos otro grupo de menores de seis años queda al resguardo de sus hermanos aún más pequeños; pasan las jornadas dentro de los surcos o al margen de los terrenos de cultivo, en hules o telas al pleno rayo del sol, acompañando a sus padres. Eso ha generado graves cuadros de deshidratación entre los menores.

La pobreza endémica que arrastran desde sus comunidades de origen, más las condiciones precarias en que sufren en los campos agrícolas, hacen que los menores padezcan desnutrición crónica, parasitosis, dermatosis, conjuntivitis y recurrentes enfermedades en vías respiratorias.

Los campos donde laboran carecen de infraestructura para los menores, como estancias infantiles o guarderías. No hay para ellos agua para hidratarse ni sanitarios, al grado de que en el informe se documenta el fallecimiento de cinco menores entre 2012 y 2014. Muertes que pudieran ser evitadas con condiciones básicas de salud.

Además hay niños que laboran de comerciantes informales o ayudan a sus padres en esa tarea en cruceros, calles y plazas públicas. Así, en un proyecto de escuela intercultural Nenemi (caminar, en náhuatl), al que asisten indígenas migrantes purépechas, mixtecos, nahuas, ñañus y mazahuas, que viven en León, el Centro de Desarrollo Indígena Loyola indagó que 29.4 por ciento de la población de esta escuela que cursa prescolar y primaria trabaja en comercio ambulante.

Así, por la mañana asisten a la escuela Nenemi, regresan a casa y de ahí salen a trabajar acompañados de algún familiar o solos.

El análisis señala que la respuesta del Estado sobre la migración jornalera ha sido atender la situación de manera fraccionaria e intermitente, ya que, si bien hay programas de atención para estos grupos, ha habido disminución de los presupuestos, además de una visión asistencial, sin perspectiva de los derechos de las personas.

Actualmente se ha asignado al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) una tarea de articulación de distintas acciones gubernamentales; sin embargo, en Guanajuato no opera. Ningún niño ha recibido beca o estímulos para no laborar en los campos.

En tanto, el programa educativo que se ofrece en las comunidades rurales donde pernoctan los niños tiene una efectividad muy pobre y después de extenuantes jornadas laborales los niños no se encuentran en condiciones óptimas para recibir el servicio educativo; y los educadores no están formados en una perspectiva intercultural ni hablan la lengua na savi. Mientras, la niñez indígena urbana tiene nula atención de las autoridades y sólo hay visitas del DIF cuando se denuncia explotación infantil, añade este centro.

Concluye que ningún programa ha generado las condiciones para sacar o apoyar a los niños de los campos agrícolas de Guanajuato y éstos siguen viviendo en condiciones de hacinamiento, en bodegas donde se instalan hasta 50 familias en condiciones insalubres.