ás temprano que tarde reventará la bomba de la deuda pública de las 32 entidades que conforman la República, pues el saldo de tal débito –improductivo y con un crecimiento aterrador– alcanza niveles estratosféricos, y contando que difícilmente soportarán las cada día más endebles cuan dependientes finanzas públicas de los estados, problema que suma al del vertiginoso endeudamiento que registra la administración peñanietista.

El pasado sábado comentamos en este espacio que las cifras más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dan cuenta de que en los 31 meses de gobierno peñanietista la deuda pública se incrementó dos billones 150 mil 322 millones de pesos (para alcanzar un nivel histórico de siete billones 503 117 millones de pesos), o lo que es lo mismo, 40 por ciento de aumento en el periodo, sin que esa catarata de dinero se haya traducido en avance económico y/o bienestar social.

Lejos de ello, a estas alturas cada mexicano –recién nacidos incluidos– debe 62 mil 526 pesos (al cierre de junio pasado), frente a 50 mil 343 pesos cuando en diciembre de 2012 Enrique Peña Nieto se instaló en Los Pinos.

Lo anterior sólo por el lado del gobierno federal, pues los estatales han seguido la misma ruta con idénticos resultados, es decir, se endeudan para pagar endeudamientos, aceitar las corruptelas del virrey en turno y pasarle la factura al desarrollo de la entidad y, desde luego, sus habitantes.

Así, en el periodo de referencia la deuda conjunta de las 32 entidades de la Federación se incrementó alrededor de 20 por ciento, al pasar de 432 mil millones de pesos en diciembre de 2012 a más de 510 mil millones en marzo de 2015, con todo y que el grueso de los presupuestales estatales se nutre de recursos canalizados por la Federación.

En un plazo más amplio, la deuda de los 31 estados y el Distrito Federal se incrementó de forma verdaderamente espeluznante: 2 mil 800 por ciento entre diciembre de 1993 y marzo de 2015 (de poco más de 18 mil millones de pesos en la primero de las fechas citadas a más de 510 mil millones en la segunda), con el consabido doble efecto (para el desarrollo de las entidades y para el bienestar de la población), y lejos de frenar la depredación los virreyes entrantes tapan a su antecesor y aceleran el paso.

Casi al cierre del calderonato –y únicamente por efectos electorales– se destapó el caso de Coahuila, cuando Humberto Moreira estaba por dejar el palacio de gobierno. En ese entonces el gobierno de Felipe Calderón endeudó al país a más no poder, pero para distraer la atención enfocó sus baterías en contra del mandatario coahuilense por registrar un aumento de 11 mil 200 por ciento en el endeudamiento de la entidad. El caos ameritaba cárcel para los responsables, pero al final de cuentas la negociación terminó, como siempre, en pasar la factura a funcionarios menores, aunque en realidad quienes pagan y pagarán son los coahuilenses.

Algo similar ocurre en todas las entidades de la Federación. Allí está el caso de Veracruz, donde los gobernadores han hecho trizas las finanzas estatales y llevado la deuda a niveles de cuento de terror. De 1993 a marzo de 2015, el saldo de tal débito aumentó 12 mil por ciento y la entidad se mantiene hundida en la pobreza y la inseguridad. Por ejemplo, el actual virrey, Javier Duarte, ha duplicado la deuda estatal, pero si se considera que, como secretario de Finanzas del gobierno de Fidel Herrera, fue él quien contrató y firmó el débito, entonces el aumento se acerca a 400 por ciento. Y se suma al periodo completo del propio Herrera el avance fue superior a mil por ciento.

¿Dónde quedó el dinero? Nadie lo sabe, aunque todos lo suponen, pero mientras matan periodistas (Rubén Espinosa Becerril el más reciente), reprimen a la población, empobrecen a los veracruzanos, crece la inseguridad y el narco vive a sus anchas en la entidad, nadie dice ni pío, con todo y que 70 por ciento de los ingresos brutos del gobierno estatal y 81 por ciento de sus municipios provienen de la federación, de acuerdo con cifras de la Cámara de Diputados.

También está el caso de los gobernadores de Nuevo León aún en funciones (papá Rodrigo e hijo ídem). Durante su estancia en el palacio de gobierno, la parejita incrementó la deuda del estado en 200 por ciento, hasta llevarla a poco más de 61 mil millones de pesos. De 1993 a la fecha, el aumento acumulado del débito ha sido de 4 mil 600 por ciento.

Qué decir del César (Duarte) de Chihuahua, quien aumentó 300 por ciento la deuda estatal hasta llevarla a cerca de 42 mil millones de pesos. Es de suponer que de allí mismo salió su banco y otras propiedades en su ya abundante inventario de bienes a costilla de las finanzas públicas de la entidad y de los bolsillos de sus habitantes.

Cercana a 66 mil millones de pesos, la deuda del Distrito Federal ocupa la primera posición entre las entidades de la República, con un incremento de 12 por ciento con el actual jefe de gobierno. De este renglón salió la Línea 12 del Metro, con precios inflados, presupuestos injustificables y una deficiente construcción que estuvo a punto de causar una catástrofe. Pero lo responsables se mantienen cómodamente instalados en terceros países, como Marcelito comprenderá. De 1993 a la fecha, el débito público de esta entidad creció 6 mil 700 por ciento.

En el estado de México no cantan mal las rancheras. Con un deuda cercana a 40 mil millones de pesos, la entidad ha visto cómo en los últimos 22 años el débito se incrementó en alrededor de mil 400 por ciento, y se mantiene entre las más pobres e inseguras de la República. Y está el caso zacatecano, en donde el virrey Miguel Alonso ha incrementado la deuda en alrededor de mil por ciento.

Y en la geografía de la miseria mexicana aparecen todos los gobernadores sirviéndose con la cuchara más grande que encontraron, mientras la población paga las facturas. Lo mejor del caso es que la Secretaría de Hacienda celebra que la deuda de los estados es manejable, cuando todas luces los responsables de su terrorífico incremento deberían estar presos.

Las rebanadas del pastel

Tan ocupada está, según dice, en ordenar a los maestros, que la SEP da manga ancha al ilegal tráfico de bases de datos de la población infantil escolar, a la cual llegan invitaciones a su domicilio privado para inscribirse a tal o cual escuela particular de ¡educación media superior! Y mientras Emilio Chuayffet se dedica a los discursos, ¿quién es el responsable de este negocio de lesa patria que avanza como la humedad?

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