l asesinato de cinco personas en la capitalina colonia Narvarte tiene un indudable contexto político y periodístico. Más allá del curso procesal que ayer mismo el procurador de justicia del Distrito Federal quiso constreñir a los terrenos del homicidio y el robo (dejando abiertas todas las líneas de investigación imaginables, pero sin aceptar abiertamente la incursión en la que lleva a oficinas centrales de Xalapa), lo cierto es que las primeras consecuencias de ese golpe de barbarie llegaron al ánimo político y social de todo el país, pues lo sucedido en un departamento de la calle Luz Saviñón constituye un seco mensaje de advertencia a los movimientos críticos y de oposición respecto a los riesgos crecientes que conllevan la descomposición institucional, el hundimiento de la figura de quien vive en Los Pinos y el actuar impune de bandos internos del sistema que en sus pugnas son capaces de tramas y acciones descomunales.

No se puede apuntar aquí una hipótesis fundada de lo que realmente sucedió en la Narvarte, de los móviles y las sinrazones. A pesar del gran interés que el asunto suscitó, el procurador del gobierno de Miguel Ángel Mancera apenas dio algunos datos en firme durante una reunión con reporteros, con una parquedad que en las próximas horas se verá si corresponde al explicable cuidado en el manejo de pistas que llevarán a un contundente esclarecimiento de los hechos o, como una amplia primera lectura politizada sugirió, a un intento de sustraer ese asunto del natural contexto político y periodístico que le acompaña y tratar de fijarlo en el tablero judicial como un hecho aislado, un asalto excesivo y despiadado, pero a fin de cuentas carente de motivaciones políticas. Por lo pronto, en el palacio de gobierno de Veracruz han recibido con beneplácito la postura del procurador Rodolfo Ríos.

Pero, aun cuando es necesario esperar a que se conozcan más detalles en firme de esos asesinatos, el tipo de respuesta visto hasta ayer subraya (por ese intento de escamotearlo o difuminarlo) el factor político, las referencias a centros de poder. Rubén Espinosa Becerril había llegado a la ciudad de México a principios de junio pasado, tratando de ponerse a salvo del acoso, las amenazas y los golpes que en Veracruz ha permitido y establecido como política referencial hacia el periodismo crítico el abogado (por la Iberoamericana, campus Santa Fe), maestro (por doble partida, una en Madrid y otra en el Tec) y doctor (en economía e instituciones, por la Complutense de Madrid) Javier Duarte de Ochoa, hechura absoluta de su antecesor, Fidel Herrera Beltrán, quien lo nombró subsecretario de Finanzas y luego titular de esa cartera, y lo hizo candidato priísta a diputado federal y luego a gobernador.

La débil textura política de Duarte de Ochoa y su dependencia sostenida respecto a Herrera Beltrán, reconocido como maestro y doctor en las artes más pragmáticamente oscuras del ejercicio político priísta, han convertido el sexenio duartista en una colección de desatinos administrativos pero, lo peor, en un coctel explosivo en el que convergen los intereses densos de FHB (quien sigue gobernando y al que muchos de sus paisanos adjudican, sin que haya prueba judicial al respecto, el haber permitido la instalación de grupos del crimen organizado que siguen dominando la entidad), más las variantes ejecutivas de grupos caciquiles y empresariales históricamente acostumbrados al ejercicio ríspido del poder, y los ánimos volátiles, viscerales y punitivos del propio Duarte.

En ese rapaz ejercicio de poderes (en constante lucha entre sí pero siempre coincidentes en dañar el interés de las mayorías, sometidas éstas por diversas vías, la violenta como constante), el ejercicio periodístico ha resultado un contrincante natural. No ha de sacralizarse ese ejercicio en lo general: como en el resto del país, pero agudizado por los factores de corrupción antes mencionados, los medios de comunicación en Veracruz suelen ser alineados con los poderes mediante plata o plomo. Durante el sexenio de Duarte ha habido una proclividad a ese plomo, acompañado de sus variantes, como el despido de los periodistas molestos, la persecución, las amenazas, los golpes, el secuestro y el virtual exilio. Los periodistas independientes y sostenidamente críticos han terminado fuera del estado o el país, o se sostienen con dificultad y miedo en sus trincheras locales, o terminan en la tumba, como Regina Martínez, quien era corresponsal de Proceso o, ahora, Rubén Espinosa.

La ejecución de Espinosa y cuatro mujeres (agresiones físicas, tiro de gracia) enuncia que el brazo de la venganza pudiera haber llegado ilustrativamente hasta la ciudad de México, considerada una zona de refugio para periodistas de varias partes del país que se ven en la necesidad de salir de su franja local de peligro. Sabido es que los gobiernos federales (los panistas y, ahora, ostentosamente el priísmo peligrosamente torpe e ineficaz) han hecho malos remedos de protección al gremio periodístico, nombrando en fiscalías y comisiones a burócratas sin fuerza ni interés más que en simular con malos resultados que algo hacen (el más reciente, Ricardo Nájera Herrera, en la PGR). Pero la administración de Mancera se ha sumado a ese cuadro de abandono, en ese proceso tan visto de desmantelamiento de las banderas progresistas que distinguían a la urbe capitalina y de emparentamiento con las políticas del peñismo.

Cinco muertes en el corazón del corazón del país. Yesenia Quiroz Alfaro, maquillista de menos de 20 años, entre ellas. Y Nadia Vera, nacida en Chiapas, pero activa en Xalapa, partícipe en luchas sociales, en especial en el movimiento YoSoy132, promotora cultural con presencia en la comunidad dancística. Más una mujer presuntamente colombiana y otra dedicada al servicio doméstico. El pasado 5 de junio, una decena de encapuchados golpearon salvajemente, con bates y otros instrumentos a ocho estudiantes universitarios en un reducido departamento de Xalapa. El modelo Veracruz se extiende, agravado. ¡Hasta mañana!

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