Defensores de derechos humanos consideraron un paso positivo que se procese a cuatro militares por su presunta participación en la desaparición forzada de siete jóvenes de la comunidad de Calera, Zacatecas, pero advirtieron que es apenas un primer avance para enfrentar la impunidad y el encubrimiento de estos delitos.

Afirmaron que aún falta que se atiendan los cientos de casos denunciados y acreditados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 2006 a la fecha, así como las recomendaciones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para creer que verdaderamente esto es una política de no impunidad.

En entrevista por separado, José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Édgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, reiteraron que este es un primer avance entre centenares de denuncias que se han presentado durante el sexenio pasado y lo que va de la presente administración federal, con casos tan emblemáticos como el de Tlatlaya, estado de México, por lo que no se puede caer en la tentación de considerar que se trata de hechos aislados en el que participan militares de forma individual.

Guevara Bermúdez dijo: “esta reacción del Ejecutivo trata de evidenciar que no hay impunidad en el país y que los actos que cometen los servidores públicos de ciertas instituciones no forman parte de una política de Estado. Creo que es muy buena medida que se empiece a llevar a juicio a los responsables, pero este hecho es reciente –hay muchos otros casos entre 2006 y 2012, cuando terminó la administración de Felipe Calderón, y a partir de 2012 con este gobierno–, no está claro que quieran mandar un mensaje de que los delitos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales no forman parte de una política de Estado”.

Por su parte, Cortez Morales señaló que la decisión del juez de distrito que determinó investigar los hechos y llevar el caso en la justicia civil es un inicio positivo que da vigencia a la reforma al fuero militar, pero advirtió: habría que estar muy atentos de que los hechos no queden en el ámbito de la responsabilidad individual, pues es claro que el Ejército Mexicano es una institución jerárquica donde hay cadenas de mando, y es evidente que estos cuatro soldados no se mandan solos, tenían superiores que estaban obligados a supervisar su actuación.

Eventual omisión

Consideró necesario investigar cómo sucedieron actos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales sin que estos controles entrarán en función, y sin que fueran efectivas las instancias de supervisión del Ejército. Se tiene que investigar a la institución en términos de si tiene suficientes y eficaces mecanismos de vigilancia. Si bien es posible que ningún mando haya ordenado los hechos, muy probablemente hubieran podido intervenir y evitar que ocurrieran, por lo que es necesario determinar si no hubo omisión. No podemos dejar que todo caiga en la lógica de los malos soldados que quebraron la ley.

Al respecto, Guevara Bermúdez agregó: es nuevo que los mandos superiores pongan en conocimiento de la Procuraduría General de la República los delitos cometidos por sus subalternos, ojalá que suceda lo mismo en los demás casos y que exista la voluntad de la Secretaría de la Defensa Nacional de colaborar con las autoridades civiles para resolver estos delitos y que no se encubra a los mandos cuando estén involucrados.