Chile.

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, confirmó que ordenó traducir mensajes del gobierno de Estados Unidos sobre el caso quemados: el ataque del 2 de julio de 1986, cuando militares prendieron fuego a la estudiante Carmen Gloria Quintana y al fotógrafo Rodrigo Rojas durante una protesta contra el régimen militar de Augusto Pinochet, quien ocultó el caso, del cual Washington también pudo haber estado al tanto.

Cinco cables desclasificados de Washington, publicados este sábado por el diario español El País, revelan que Pinochet participó en el encubrimiento de los autores del ataque, en el que, tras ser rociados con bencina, Rojas murió y Quintana milagrosamente sobrevivió.

Los documentos revelan que el gobierno chileno, siguiendo directivas de Pinochet, estaba tratando de tachar públicamente a Rojas y Quintana de terroristas, y que ordenó que se frenaran las pesquisas para determinar la responsabilidad de los hechos ocurridos el 2 de julio de 1986, detalló el rotativo español.

Para ocultar los hechos, las maniobras se iniciaron en el hospital donde el director de la Posta Central obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo y ordenó que no recibiera visitas debido a los problemas legales de su caso. También se advirtió que Quintana tampoco debía ser trasladada.

Con esto se impidió que se tomara cualquier declaración legal y días después Rojas murió.

Según los documentos, el gobierno chileno los acusó de haberse quemado accidentalmente con sus bombas molotov.

Una confesión del soldado retirado Fernando Guzmán, la semana pasada, permitió la reapertura del caso por violación a los derechos humanos.

El ex uniformado causó conmoción entre la opinión pública tras revelar que una patrulla militar en la que él participó quemó vivos a los dos manifestantes.

Guzmán relató que fue obligado por altas autoridades castrenses a mantener silencio bajo amenazas y recompensas, como ascensos.

Los documentos desclasificados dan cuenta de que Pinochet tuvo acceso a información que señalaba a militares como los responsables del ataque, pero decidió desecharla y alentó su encubrimiento.

Según el canciller, el gobierno está en conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos para que haga legibles los párrafos tachados o borrados con negro en los cables desclasificados que ya conocemos, incluyendo los que se le entregarán al juez del caso, Mario Carrozas.

Los documentos no son nuevos, ya estaban en conocimiento oficial. Estos son, la mayoría, de la embajada en Chile y de varias agencias. Me parece significativo que el juez quiera conocerlos. Nuestra tarea es traducirlos y ponerlos a su disposición, expresó Muñoz.