omo se dio a conocer en la edición de ayer, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) decidió homologar los padrones de sus programas sociales con los de la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol). La medida ocasionó críticas de especialistas en la materia, las cuales aducen desde la incompatibilidad en los enfoques y concepciones de la política social en ambos gobiernos –el enfoque universalista del GDF vis à vis el focalizado y asistencialista del gobierno federal– hasta el posible uso político electoral de las políticas locales en beneficio del partido que ocupa la Presidencia de la República. Significativamente, estas críticas coinciden en el tiempo con las denuncias de ciudadanos oaxaqueños que afirman ser obligados a acudir a actos de la Sedesol, so pena de retirarles los programas de los que son beneficiarios.
Un dato de contexto adicional es el reciente informe del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, según el cual en México una de cada dos personas vive bajo el umbral de la pobreza y sólo una de cada cinco tiene enteramente cubiertas sus necesidades, lo que da cuenta de un fracaso rotundo en las políticas de desarrollo social aplicadas por las últimas administraciones federales, tanto priístas como panistas.
Es evidente que la determinante principal de ese fracaso es la persistencia de un modelo económico intrínsecamente generador de miseria, desigualdad y marginación, cuyas políticas fundamentales –contención salarial, apertura indiscriminada de mercados, liberación de precios, concesiones sin límites al capital, privatización de la propiedad pública, entre otras– cancelan la movilidad social, propician la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y vuelven, en suma, inútiles los esfuerzos gubernamentales por contener la inequidad social.
Adicionalmente, las cúpulas del régimen político han basado su permanencia en el poder, en buena medida, en la existencia de grandes sectores depauperados, los cuales son reducidos por la propia política social a la condición de ejércitos electorales de reserva. Esa táctica de utilización de la pobreza con fines electorales fue aplicada durante el sexenio salinista mediante el programa Solidaridad, se mantuvo sin cambios durante el gobierno siguiente, fue retomada por las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, y el Revolucionario Institucional recurrió a ella en forma masiva y notoria durante los procesos electorales de 2012 y de este año.
Frente a ese intento por lucrar políticamente con la pobreza a escala federal, lo que ocurre en la capital del país constituye hasta ahora un inevitable punto de contraste. En efecto, los denominados gobiernos progresistas del Distrito Federal han promovido diversas medidas para impedir el uso político de la política social sin necesidad de cancelar los programas, como la elevación de los mismos a rango de leyes y la conversión de los beneficios sociales en derechos ciudadanos, con el fin de que unos y otros queden blindados incluso ante el eventual arribo de un gobierno de signo político distinto.
Esas prácticas institucionales en el Distrito Federal han derivado en un avance constante en los índices de desarrollo humano y en un mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiarios. No es gratuito que la homologación entre los padrones locales y los federales genere críticas de expertos en la materia, pues se abre la posibilidad de que ese avance se vea afectado en aras de evitar una supuesta duplicidad
de los apoyos públicos a la población. Esa preocupación, por lo demás, configura un falso debate, en la medida en que los programas de desarrollo social difícilmente sobrarán en un entorno de pobreza generalizada, como el presente.
Con todo y sus errores y deficiencias –los tiene–, la política social en la ciudad capital ha sentado un precedente que debiera ser recuperado por autoridades de otros niveles de gobierno. Transitar en sentido inverso –es decir, ajustar las políticas públicas de la capital al diseño de las que se adoptan a escala federal– sería retroceder hacia un modelo que ha demostrado su ineficacia.
