Martes 28 de julio de 2015, p. 3
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) anunció que, de manera temporal, se cancela en Oaxaca el requisito de acreditar la asistencia de los niños a las escuelas de educación básica, como exige el programa Prospera, para que las familias mantengan los apoyos económicos para alimentación y educación.
De esta manera, se busca terminar con las presiones
que, según la dependencia federal, ejercen los maestros adscritos a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca en contra de 60 por ciento de las familias inscritas en Prospera, para obligarlas a participar en las marchas y plantones que organiza ese gremio.
En conferencia de prensa, la titular de la Sedeso, Rosario Robles, señaló que es inaceptable que eso ocurra. “Reprobamos que un programa social se utilice para presionar a las familias a que vayan a las movilizaciones del magisterio.
No vamos a permitir que Prospera se utilice para otros fines que no sea una mejor educación, salud y alimentación para los niños
, sostuvo.
Respecto del informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentado la semana pasada, y del que resalta que Oaxaca es una de las entidades donde se incrementó la pobreza extrema, la funcionaria señaló que ya se han iniciado acciones encaminadas a mejorar la condición en que viven sus habitantes.
Así se hizo en Guerrero, dijo, donde por efecto de los programas sociales la pobreza extrema bajó 7 por ciento en los pasados dos años.
Añadió que la pobreza se explica por una diversidad de factores, y la falta de educación es uno de ellos.
Antes, Paula Hernández, coordinadora nacional de Prospera, aseguró que recibió 300 cartas y denuncias de madres de familia que señalaron la forma en que los maestros condicionan la firma de asistencia escolar a que asistan a las marchas, e incluso les piden dinero.
La funcionaria también afirmó que 60 por ciento de las familias oaxaqueñas inscritas en Prospera han sido víctimas de este tipo de coerciones. Recordó que el padrón de la entidad está integrado por más de 456 mil familias, es decir, la mitad de los habitantes del estado reciben el apoyo del programa.
Según Hernández, más de 270 mil familias habrían sido presionadas por la sección 22 en ese sentido.
Para los afiliados, los apoyos de Prospera representan un ingreso de mil 800 pesos cada dos meses, de los cuales 845 pesos corresponden al apoyo alimentario y 955 pesos para educación.
La decisión de exentar del requisito de acreditar la asistencia escolar se tomó el pasado 26 de junio.