l pasado 23 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer el informe denominado Estado de la investigación del caso Iguala. Al respecto se ha destacado en los diversos medios el hecho significativo de que contiene elementos que a todas luces cuestionan, sin señalarlo explícitamente, la insostenible verdad histórica de Jesús Murillo Karam en torno al basurero de Cocula como escenario del supuesto crimen e incineración masiva de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos hace ya diez meses en el municipio de Iguala, Guerrero.

Son numerosas y de fondo las observaciones y sugerencias a la Procuraduría General de la República (PGR): no se ha desahogado el conjunto de diligencias ministeriales necesarias, integrar fichas de identificación sobre los 43 estudiantes desaparecidos, continuar con las acciones de búsqueda, agotar todas las líneas de investigación (menciona tres: que están en la sierra de Guerrero, que uno ya apareció en Apango y que están autosecuestrados), obtener la georreferenciación sobre cuatro líneas de celulares de estudiantes desaparecidos, desde las cuales se habrían emitido mensajes y una llamada en una de ellas.

Indagar si otros cuerpos de seguridad municipales inciden en la forma de operar de las organizaciones criminales .Que declaren los buzos de la secretaría de Marina que localizaron en río San Juan las bolsas con supuestos restos de los estudiantes desaparecidos; comparar mediante peritajes tierra del basurero de Cocula y la que se encontró en bolsas del río; que los familiares puedan observar y comparar objetos como hebillas y botones en bolsas del mismo río para identificar si presumiblemente pertenecieron a los estudiantes desaparecidos, se realicen dictámenes de balística forense y análisis de índices biológicos en prendas de ropa localizadas a unos metros del autobús Estrella Blanca que formaba parte de la caravana de cuatro de los seis que transportaban a los estudiantes.

Asimismo sugiere peritajes forenses, perfiles hemáticos y odontológicos. En síntesis y, cual piedra de toque, anota que los testimonios recreados en Cocula constituyen diligencias aisladas que no reúnen el requisito de una reconstrucción de hechos. Insiste en el concepto de reconstruir la ruta de desaparición. Un elemento central es el relativo al Ejército, que coincide con la demanda de las madres y los padres, así como los organismos de derechos humanos, incluso con el grupo de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con el cual hay coincidencias en la sugerencia de acumulación por conexidad de cuatro causas penales. Al respecto sugiere recabar declaraciones y testimonios de personal militar asignado a Iguala y Cocula; en especial, refiere, tres que acudieron al lugar de los hechos, dos que acudieron la tarde noche a la vía pública y otro sobre elementos tangenciales; y retoma un asunto de suyo delicado al solicitar que la Secretaría de la Defensa Nacional precise sobre quién o quiénes de los estudiantes desaparecidos pudieron haber pertenecido al Ejército.

También hace sugerencias a la comisión especial de atención a víctimas, a la fiscalía general del estado de Guerrero (donde encontró dos peritajes contradictorios sobre el asesinato de Julio César Mondragón, uno de que fue desollado con un arma punzocortante y otro de que fue la fauna nociva) y al ayuntamiento de Iguala.

Sin restar relevancia al informe de la CNDH, contiene elementos que preocupan, como el alcance de la llamada “connivencia entre autoridades y delincuentes de ‘al menos’ autoridades municipales de Iguala y Cocula”. Favorece la tesis del peñanietismo de que no es el Estado el implicado. Por otra parte, introduce una sugerencia a la PGR cuya fuente, señala, es una petición de los padres de los estudiantes expresada en una reunión con ellos: investigar por qué motivo fueron a Iguala el 26 de septiembre, quién los llevó, por qué de primer grado, sin que aparezca cuál sería el sentido de la misma en el contexto de la investigación, si es que no se pretende abrir la puerta a la especie que criminaliza a los normalistas de Ayotzinapa insinuando propósitos distintos a sus prácticas tradicionales de recaudación de fondos.

Es deseable que el conjunto del informe, si bien no definitivo, tenga un sólido respaldo.

La propia CNDH indicó en su documento que entregó a la PGR información detallada relacionada con lo señalado, que no se hace pública para no entorpecer la investigación.

Llaman la atención las declaraciones inmediatas de la PGR de que atenderá las observaciones, cuando en los hechos no hay avances en líneas de investigación distintas a la de Cocula; así como la postura del Secretario de Gobernación al declarar queremos la verdad y que los responsables sean castigados, a la vez que avala la negativa a que el GIEI se entreviste con los militares del 27 batallón del Ejército en Iguala. El estado de derecho es inseparable del camino a la justicia en el caso Ayotzinapa.