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Ordena a Sedena revelar datos de abusos contra civiles
 
Periódico La Jornada
Lunes 27 de julio de 2015, p. 3

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizar una búsqueda exhaustiva a efecto de dar a conocer las estadísticas o cualquier registro en formato electrónico que contengan todos los datos relacionados con investigaciones que haya realizado la Procuraduría de Justicia Militar por los delitos de tortura, abuso de poder y lesiones, cometidos entre 1960 y febrero de 2015.

Con ello, revocó la respuesta oficial de la Sedena, que argumento carecer de esa información.

En un resolutivo del Inai se instruye a la dependencia federal desglosar el número de sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales militares; el total de elementos sentenciados; sexo y número de ofendidos y/o víctimas de cada evento, así como la entidad federativa donde se registraron los hechos investigados.

Originalmente la Sedena había argumentado que no contaba con la información requerida donde estén relacionados civiles, ya que este tipo de sucesos son competencia del fuero federal, de conformidad con el artículo 57 del Código Militar.

Asimismo, explicó que era innecesario que el Comité de Transparencia de la Sedena declarara formalmente la inexistencia, toda vez que no se desprende obligación de contar con la misma.

Al resolver el recurso de inconformidad de un particular, el Inai determinó la improcedencia de este argumento, ya que el Código de Justicia Militar fue reformado hasta junio de 2014, por lo que anteriormente cualquier delito que involucrara a civiles era competencia de los tribunales castrenses, ya que la Procuraduría de Justicia Militar tenía como facultad la persecución de los delitos cometidos por elementos del Ejército.

Con fecha posterior a la reforma del Código de Justicia Militar tampoco es justificable la inexistencia de la información, porque si bien es facultad del orden civil investigar estos delitos, también fija al Ministerio Público Militar la obligación de indagar cualquier responsabilidad de delitos del orden castrense.