Los Ángeles.

El sistema actual del Departamento de Justicia de detener a los niños migrantes con sus madres tras haber cruzado la frontera entre México y Estados Unidos viola un acuerdo judicial de 18 años de antigüedad, dictaminó el viernes la juez de distrito Dolly Gee, en California.

El fallo judicial representa una victoria para los defensores de los derechos de los migrantes que llevaron el caso ante los tribunales, aunque todavía no está claro qué implicaciones tendrá para los detenidos.

La magistrada señaló ayer, en un documento de 25 páginas, que los menores están bajo condiciones muy deplorables en las estaciones de la Patrulla Fronteriza y las autoridades no son capaces de garantizarles condiciones apropiadas de seguridad e higiene, incluso en las celdas temporales.

Gee expresó que esa actuación del Departamento de Justicia viola un acuerdo judicial adoptado en 1997, el cual prohíbe que los menores permanezcan privados de su libertad en instalaciones sin la licencia correspondiente.

Peter Schey, director ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos y uno de los abogados que interpusieron la demanda, dijo que los infantes están en instalaciones que no son seguras, lo cual es intolerable, inhumano y tiene que terminar más temprano que tarde.

La demanda

La acción legal de los activistas por los derechos de los indocumentados está dirigida contra los centros de detención para mujeres y niños en Texas, supervisados por el gobierno federal pero gestionados por operadores privados de prisiones, donde permanecen más de 2 mil mujeres y niños.

Estas personas están en prisión tras una oleada migratoria con decenas de miles de personas procedentes de Centroamérica, la mayoría madres a cargo de menores, muchos de los cuales dijeron huir de pandillas y de la violencia doméstica en sus países.

El Departamento de Justicia justifica la medida al señalar que ésta era una vía para mantener unidas a las familias mientras se revisaban sus casos, pero la juez rechazó este argumento en su fallo del viernes y dio a esa agencia federal 90 días para alegar los motivos por los que no debería cumplir su dictamen.

El diario The New York Times consideró que la moción de Gee es un golpe para las políticas ordenadas en ese terreno por el secretario de Seguridad Interior, Jeh Johnson, en respuesta a un arribo masivo de menores, algunos de ellos en compañía de sus padres, a través de la frontera sur de Texas el verano pasado.

En tanto, el juez Murray Snow, de la Corte Federal en Phoenix, ordenó decomisar archivos del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, relacionados con un caso de acusaciones de perfil racial, para evitar que sean destruidos.

El viernes, Snow criticó a la oficina de Arpaio por rehusarse a entregar más de mil 400 documentos de identidad en una investigación ante denuncias de que los policías se embolsaron objetos incautados durante procedimiento, como revisiones de automovilistas y allanamiento de casas en relación con contrabando de migrantes.

El juzgador también se concentró en la negativa de la agencia a entregar 50 discos duros de una pesquisa secreta que involucró a Arpaio en las acciones de los agentes.

John Masterson, abogado de Arpaio, comentó que un funcionario que vigila la oficina de su cliente en nombre del juez amenazó con convocar a una audiencia judicial para lograr la entrega de los registros.

Robert Warshaw, el funcionario que vigiló el departamento policial en nombre del juez, informó que se enteró de que se había decidido destruir los documentos de identificación y que había una orden de Arpaio de que la existencia de los registros de identificación no fuera revelada voluntariamente para impedir que documentos comprometedores llegaran al escrutinio público o de la justicia.

Finalmente, los mil 400 documentos de identidad fueron entregados por un sargento del equipo de Arpaio que dijo tenerlos para dar una clase sobre identificación fraudulenta, comentó Warshaw, quien agregó que el sargento jamás impartió esa clase.