Los penales de la capital son el gran negocio de autoridades del Gobierno del Distrito Federal, que cobran por pasar alimentos y piden cuotas a quienes venden droga, denunciaron familiares, amigos y los jóvenes que se mantienen en huelga de hambre en el Reclusorio Norte, a partir del pasado 27 de junio.

En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), los también integrantes de la Coordinadora Nacional de Presos en Resistencia, manifestaron que las cárceles están muy lejos de la reinserción social, debido a los abusos, extorsiones y maltratos a los que son sometidos los reos.

La prisión, afirmó Mario González, el joven que estuvo encarcelado acusado injustamente de los disturbios que se cometieron el 2 de octubre de 2013, se han vuelto una escuela del crimen, y fortaleció su testimonio con las altas cifras de reincidentes.

Los amigos y familiares de los jóvenes presos también expusieron las irregularidades en los procesos que se les han seguido, entre los cuales hicieron énfasis en el caso de José Santiago Hernández, un joven en situación de calle, quien fue acusado de robo agravado y a pesar de ser un adolescente de 17 años, se le consignó al Reclusorio Norte, donde permanece desde hace un año.

Santiago, junto Julián López Barrón y Luis Fernando Bárcenas llevan casi un mes sin ingerir alimentos y según el reporte de los médicos presentan un grado de desnutrición severa.

Avelina Landaverde, integrante del grupo de salud que los ha apoyado, manifestó que el estado general de los jóvenes es de malnutrición grave, por lo cual dijo que es importante que el Gobierno del Distrito Federal nos deje entrar a los penales y hacer los estudios necesarios a quienes están en huelga de hambre.

La activista indicó que no se les ha permitido tomar muestras para realizar los estudios de laboratorio, lo cual les ayudaría a saber el deterioro que presentan, pues hasta ahora Fernando ha perdido cerca de nueve kilos.

Amigos y familiares de los presos también hicieron un duro reclamo a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) porque ha sido omisa ante esta situación.

Dieron a conocer un pliego petitorio de 14 puntos, redactado por los cuatro huelguistas, donde piden que cesen los maltratos, torturas y extorsiones, así como frenar el enriquecimiento de funcionarios por cobro de cuotas.