Calera, Zac.

Cualquiera puede entrar a la casa de la ciudad de Calera de donde la madrugada del 7 de julio presuntos elementos del Ejército Mexicano se llevaron con violencia a siete jóvenes, quienes 11 días después fueron encontrados muertos en dos parajes del vecino municipio de Jerez.

Aunque el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Sergio Martínez Escamilla, informó que se abrió una investigación por la desaparición y posterior asesinato de los cinco hombres y dos mujeres, sus peritos no aseguraron la casa ni colocaron sellos para resguardar la escena del crimen, la cual ya pudo ser alterada.

Los familiares de las víctimas han denunciado que los peritos de la PGR acudieron a la vivienda, en la calle Francisco I. Madero número 106 hasta ocho días después de lo acontecido y que sólo tomaron fotografías y recabaron declaraciones de algunos vecinos.

La casa es una vecindad. Los jóvenes ocupaban uno de los cinco apartamentos. Al entrar pueden verse las tres recámaras todas revueltas y trastos sucios en la cocina. En el piso hay tirada ropa, zapatos enlodados, cosméticos, artículos de higiene personal, recetas médicas y un papel con una oración, escrita en letra de molde, a la Santa Muerte.

En la vivienda también hay botellas de cerveza, un machete sobre un mueble, identificaciones, fotografías, recibos de luz, tarjetas bancarias y una solicitud de empleo a nombre de Alejandra Rocha, quien según sus padres era desempleada y dejó en la orfandad a dos pequeños.

Los vecinos dicen que los inquilinos ahora difuntos tenían no más de 15 días habitando en el lugar. Nadie admite conocerlos, dicen que no saben a qué se dedicaban y tampoco escucharon nada la madrugada en que presuntamente se los llevaron los militares.

La pareja de adultos mayores, que rentaba la casa a los fallecidos no está ya en su domicilio. Yo miré que hace días salieron con una maleta, pero no sé más, dijo una comerciante. Se fueron a Estados Unidos con sus hijos, porque la señora estaba enferma, expresó otra vecina.

Los cuerpos de los siete jóvenes –con huellas de tortura y un tiro en la nuca– fueron sepultados en cuanto la procuraduría del estado los entregó a sus familiares, en presencia de visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se encuentran en la entidad para investigar este caso.

La delegación de la PGR no ha informado sobre los avances de la investigación, ni la Secretaría de la Defensa Nacional ha dado a conocer detalles de la averiguación contra el coronel Martín Pérez Reséndiz y otros tres soldados del 97 Batallón de Infantería, que se encuentran detenidos por su presunta participación en esta desaparición y asesinato.