La empresa Sierra Oil & Gas, que ganó en consorcio con la estadunidense Talos Energy LLC y la inglesa Premier Oil PLC, los dos bloques de los 14 subastados para explorar y explotar gas en el Golfo de México, está ligada a Carlos Salinas y a la constructora Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, célebre por ser el constructor de la residencia de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.

Mientras el gobierno federal destaca que en el proceso de la ronda uno la transparencia fue el común denominador, entre los accionistas de Sierra Oil & Gas figura Hipólito Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas, quien posee una participación accionaria de 13 por ciento en la compañía petrolera mexicana de reciente creación.

En la licitación del tren rápido México-Querétaro la empresa de Hipólito Gerard (Constructora y Edificadora GIA+A) participaba en consorcio con las empresas China Railway Construction, Prodemex y Constructora Teya. Esta última propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente de Grupo Higa.

Coincidentemente, las relaciones públicas de Sierra Oil & Gas son manejadas por Proa- Structura, empresa del priísta Jesús Reyes Heroles González Garza, quien fue director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante parte de la segunda administración panista, del primero de diciembre de 2006 al 8 de septiembre de 2009.

La participación de Hipólito Gerard Rivero en Sierra Oil & Gas es a través del Fondo de Inversión Infraestructura Institucional (I2), plataforma especializada en el manejo e inversión de capital institucional en proyectos de infraestructura en México, con más de 3 mil millones de pesos administrados.

El fondo de inversión I2 es socio activo en cinco proyectos repartidos entre infraestructura de transporte e infraestructura social, con inversión total efectuada y programada de más de 25 mil millones de pesos, y tiene presencia en los estados de México, Michoacán, Jalisco y Chiapas, con relaciones establecidas tanto con las autoridades locales como con proveedores locales y nacionales.

Posee el Paquete Michoacán, una concesión a 30 años para operar, mantener, modernizar y ampliar cuatro tramos carreteros en el estado de Michoacán, con longitud total de 273 kilómetros.

Aunque Sierra O&G se autodenomina la primera petrolera mexicana, en términos reales su capital proviene de grupos financieros de origen estadunidense como EnCap Investments con una participación de 43.5 por ciento, Riverstone Holdings, Riverstone Energy con otro 43.5 por ciento y también de Infraestructura Institucional, con 13 por ciento. Tiene como antecedente haber participado en el proyecto del hospital del IMSS en Zumpango, Hidalgo, célebre por haberse excedido en costos.

El consorcio encabezado por Sierra Oil & Gas está integrado por la estadunidense Talos Energy, con operaciones en el Golfo de México, con base en Houston, Texas, y la inglesa Premier Oil, con operaciones en el sureste de Asia, Pakistán, Islas Malvinas, África y Brasil.

La semana pasada Sierra Oil & Gas y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su Instituto de Geología, firmaron un convenio marco de colaboración enfocado a potenciar la formación y la investigación en el ramo petrolero.

Por otra parte, el Grupo Financiero Citi-Banamex consideró que los primeros resultados de la ronda inicial para la reapertura del sector petrolero al sector privado fueron decepcionantes, ya que sólo dos áreas contractuales fueron asignadas. 

Explicó que el momento de la primera ronda no fue propicio debido a la caída de los precios del petróleo y del gas. Así, la lección para el gobierno debe incluir una evaluación de por qué varias empresas optaron por no poner una propuesta en la mesa.

En un reporte para inversionistas, Citi-Banamex señaló que los resultados de la etapa inicial de la ronda uno fueron un recordatorio aleccionador del alto nivel de incertidumbre que rodea la apertura petrolera.

“Creemos que el resultado acumulado de todas las etapas que conforman la ronda uno, más que el derrotero de una fase particular, será lo que en última instancia influya en las percepciones del mercado. Por consiguiente, podemos decir que el acumulado al día de hoy añade menos de lo que esperábamos en un principio. En particular, se estima que los dos contratos asignados generarán una inversión de alrededor de 200 millones de dólares durante su fase de exploración en los próximos dos a tres años”.

En términos de los ingresos del gobierno, el alto porcentaje de las utilidades de las dos ofertas asignadas que será destinado al gobierno, implica un resultado más alentador: prevemos que el pleno desarrollo de los proyectos podría impulsar los ingresos del gobierno hasta en 3 mil 800 millones de dólares en los próximos seis años, en un escenario normalizado de precios del petróleo de 60 dólares por barril y hasta 5 mil millones de dólares en un escenario de precios de crudo de 75 dólares por barril.