Exigen castigo a sus captores y no criminalizar la protesta
Miércoles 15 de julio de 2015, p. 14
Una vez que fueron liberados, tras un largo y amañado proceso judicial que los privó de la libertad por casi ocho meses, los jóvenes activistas Bryan Reyes y Jacqueline Santana, acusados de robar 500 pesos a una mujer policía, afirmaron que continuarán con su participación en movimientos y causas sociales.
Exigieron el cese de la criminalización de la protesta social, agudizada en años recientes. Además, denunciaron las pésimas condiciones en las que permanecen los internos en los centros de reclusión en el país.
En conferencia de prensa, junto con familiares y abogados, los activistas que quedaron en libertad del pasado 10 de junio, tras ganar un amparo y el desistimiento de la Procuraduría General de la República (PGR) de no impugnar dicha resolución del juez, agradecieron el apoyo que recibieron de organizaciones nacionales e internacionales durante su injusto encarcelamiento.
En nombre de los jóvenes liberados, Jorge Miranda, uno de los abogados, exigió castigo a los culpables de la fabricación del delito de robo, al verse frustrado el intento de desaparición forzada que pretendían cometer contra Reyes y Santana.
Exigimos castigo ejemplar a los funcionarios públicos involucrados en la orden de secuestrar a los estudiantes, fabricarles delitos, consignarlos y dictarles auto de formal prisión, a sabiendas de que se trataba de una acusación de índole política
, sentenció, al dar lectura a un texto.
Se demandó además la apertura de una investigación y castigo a integrantes de la coordinación de Operaciones Encubiertas de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Policía Federal, por la privación ilegal de la libertad, acoso y persecución de los jóvenes, debido a sus actividades políticas.
Exigimos la reparación integral del daño y garantías de no repetición de actos violatorios de los derechos humanos de la Procuraduría General de Justicia del DF y el Tribunal Superior de Justicia del DF, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que fungió como garante del terrorismo de Estado
, señaló su pronunciamiento.