Adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2000, el Protocolo de Estambul es un manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Se trata del primer conjunto de reglas que contiene líneas básicas con estándares internacionales en materia de derechos humanos, a fin de valorar de manera integral –médica y sicológica– a una persona que se presume haya sido víctima de tortura o maltrato. Sirve a médicos y abogados para documentar esta práctica con la elaboración de documentación que pueda ser útil como evidencia válida para los procesos judiciales.

Para María Isabel Mazo Duarte, sicóloga y especialista en la aplicación del protocolo, una de las principales virtudes de este documento es justamente su integralidad, pues la tortura no daña sólo una parte de la persona, sino que lo hace física y sicológicamente. La tortura desintegra a la persona en su conjunto, señala Mazo Duarte.

El protocolo es un documento no vinculante. Aun así, la ley internacional obliga a los gobiernos a investigar y documentar estos hechos y castigar a los responsables. México lo firmó el 23 de septiembre de 2003 y lo ratificó el 30 de marzo de 2005.