En las investigaciones por el secuestro de dos menores de edad, sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en enero de 2013 en la ciudad de Oaxaca, privó la tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos en contra de los 13 detenidos, a quienes sus declaraciones ministeriales fueron arrancadas con esa práctica.

Privación de alimentos, agua, sueño y servicios de higiene durante tres días, tras su detención el 18 de mayo de hace dos años, fue sólo el inicio de los procedimientos violentos ejercidos contra ellos.

A ello se sumó el sometimiento por sofocación con bolsas de plástico en cabeza y cara, algunos hasta perder el conocimiento; amenazas de muerte hacia ellos y sus familias; golpes con puños, palos y objetos indeterminados que no pueden identificar porque fueron vendados, además de ser arrastrados, pateados y colocados en posiciones forzadas, amarrados con fuerza extrema durante días, acciones que han dejado huella con cicatrices que perduran.

Pero también fueron sometidos a ejecuciones simuladas, con la punta de la pistola en la sien y boca, violaciones rectales con punta de fusil y torturas sexuales. Todas ellas confirmadas por la aplicación del Protocolo de Estambul, manual adoptado por Naciones Unidas, que les fueron practicado a ocho de ellos por los especialistas Adrián Ramírez López, médico de profesión, y María Isabel Mazo Duarte, sicóloga, ambos con amplia trayectoria y certificación internacional.

Recluidos en los penales federales de Puente Grande, Jalisco, y del Rincón, Nayarit –este último para mujeres–, días después de su detención, los inculpados enfrentan un proceso legal largo, tortuoso y lleno de inconsistencias en testimonios y pruebas materiales, sin recursos económicos y con defensores de oficio que, en algunos casos, ni siquiera conocen.

Un médico, un líder comunitario, cuatro maestros oaxaqueños de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, varios indígenas y campesinos, migrados al trabajo de la construcción en el momento de su detención, y una mujer analfabeta dedicada al trabajo doméstico, con retardo mental moderado, son los perfiles de los detenidos, que en muchos casos declaran no conocerse entre sí.

Pero la versión oficial asegura que todos estaban confabulados y pertenecían a una banda de secuestradores para financiar campañas políticas, encabezados por David Vargas Araujo, ex asesor de la diputada perredista Rosario Merlín García.

En entrevista, los especialistas Adrián Ramírez y María Isabel Mazo señalan que con base en su experiencia, la práctica de la tortura y tratos crueles son totalmente generalizadas, en donde, además, en los peritajes oficiales de la Procuraduría General de la República se evaporan, hacen invisible o minimizan este tipo de prácticas, presentándolas como algo permitido o natural en las investigaciones policiacas.

Aunque ambos especialistas practicaron el protocolo sólo en ocho de los 13 acusados –siete dieron positivo en tortura, y en el caso de Alejandra Chávez Chávez, la trabajadora doméstica, lo dio por tratos crueles e inhumanos– hubo otro grupo de peritos que lo hizo a tres presos más, con resultados también positivos. A los dos restantes, está pendiente su aplicación, aunque el trato fue el mismo.

Para el caso de Damián Gallardo Martínez, el indígena mixe y líder comunitario de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas emitió ya una recomendación al Estado mexicano, que todavía está por atender.

Todos tienen profundas secuelas sicológicas. Una de ellas es el trastorno de estrés postraumático, en el que las personas sufren ataques de pánico, y flashbacks, que significa una rexperimentación del trauma, que no es recordar lo que ya pasó, sino volver a vivirlo.

Sobre su escritorio, durante la entrevista, los especialistas muestran los expedientes de más de un centenar de cuartillas de cada uno de los ocho casos estudiados, que ya fueron entregados al juez sexto de distrito en procesos penales federales, Emilio Enrique Pedroza Montes, e incorporados al legajo de la causa penal 136/13.

Adrián Ramírez advierte que todas las declaraciones arrancadas bajo la tortura no corresponden a la verdad, porque el torturado acepta cualquier cosa con tal de suprimir el riesgo que se avecina o el dolor que está sufriendo o la humillación que padece. Ambos especialistas confían en que el juez valore los resultados del protocolo y resuelva que las declaraciones no tienen validez por haber sido logradas mediante tortura.