Brasilia.

El número de homicidios de niños y adolescentes –hasta de 19 años– aumentó de 5 mil a 10 mil 500 por año entre 1990 y 2013 en Brasil, revela un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) divulgado ayer.

De acuerdo con el organismo, los datos revelan la más trágica violación a los derechos de los niños brasileños. Dicho incremento –110 por ciento– significa, por ejemplo, que en 2013 fueron ultimados 28 niños y adolescentes al día.

“Cerca de 42 mil adolescentes brasileños podrían ser ejecutados entre 2013 y 2019 si se mantienen las actuales condiciones del país”, advierte el Unicef. Resalta que Brasil no ha logrado impedir el alarmante crecimiento de asesinatos de adolescentes.

El informe explica que del total de jóvenes que mueren en el país, 36.5 por ciento son asesinados. La cifra de decesos por homicidios se reduce en relación con la mortalidad general y en todas las edades a escala nacional. Ahí la proporción es de 4.8 por ciento. Este escenario perturbador coloca a Brasil en el segundo lugar de la lista de naciones con mayor número de niños y jóvenes años asesinados, sólo atrás de Nigeria, subraya el texto.

Brasil precisa concentrarse en los más excluidos. Para ello se necesitan acciones específicas, capaces de alcanzar a niños y adolescentes que quedaron en el camino, apunta el documento, el cual menciona entre los más vulnerables a los niños indígenas, quienes tienen dos veces más riesgo de morir antes de cumplir un año que otros niños brasileños.

También los índices de exclusión escolar presentan un desafío para Brasil. Datos de la Encuesta Nacional por Muestra de Hogares de 2013 indican que hay más de 3 millones de niños y adolescentes fuera del sistema de enseñanza.

“Los excluidos de la educación representan exactamente a las poblaciones marginadas del país: son negros, pobres, indígenas y quilombolas (descendientes de esclavos). Muchos dejan la escuela para trabajar y contribuir con el gasto familiar. Algunos tienen algún tipo de deficiencia. Gran parte vive en las periferias de los grandes centros urbanos, en la Amazonia, en la zona rural”, detalla.

El documento informa sobre el día en que se cumplen 25 años de la promulgación del Estatuto del Niño y el Adolescente y coincide con el análisis, que está en el Congreso, del proyecto de ley que rebaja la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para delitos graves.

La iniciativa avanzó en la Cámara de Diputados en primera instancia y debe ser votada nuevamente para pasar al Senado, donde también requiere dos rondas de votación.

En opinión del Unicef, la eventual reducción de la edad de imputabilidad es una amenaza de retroceso. El organismo propone, en cambio, perfeccionar el Sistema Nacional de Atención Socioeducativo, calificado de avance en la materia en los últimos 25 años.

Perfeccionar el sistema socioeducativo, garantizando que el mismo ayude a interrumpir la trayectoria del adolescente en la práctica de delitos, es una de las tareas más importantes que el país tiene por delante, añade el informe.